Caso Agronitrogenados: ¿ya le encontraron la sustancia?

Una de las especialidades de nuestra clase política es la relativa a la utilización de casos penales con fines políticos y/o mediáticos. Y decir utilización implica que, cuando ello ocurre, estamos ante casos en los cuales no se persigue la justicia, sino solamente obtener dividendos políticos.

Los ejemplos abundan en nuestra historia y han ocurrido desde hace mucho tiempo. El denominador común de ellos es bastante simple: se “detona” un escándalo de corrupción que implica la comisión de delitos, se detiene a una prominente figura y se le condena en el tribunal de la opinión pública. Pero luego de algún tiempo, la persona sale libre porque “el caso se cayó”.

Raúl Salinas de Gortari, Gloria Trevi, Rosario Robles, Elba Esther Gordillo... todas estas personas fueron apresadas en su momento, acusadas de haber cometido un delito por el cual tendrían que purgar una pena de prisión. Todas pasaron algunos años tras las rejas, pero al final fueron absueltas.

¿Por qué en su momento las acusaciones resultaban creíbles y la opinión pública “condenó” a los señalados? La respuesta corta a dicha interrogante es que los políticos tienen mala fama y, si se les acusa de haber incurrido en conductas contrarias a la ley, lo más probable es que ello sea cierto.

Pero además de lo anterior, es preciso recordar un elemento que es transversal a todos los casos apuntados: ocurrieron en un momento de coyuntura política en el cual el grupo gobernante “necesitaba” desviar la atención de la ciudadanía hacia otros temas.

Y nada más apetitoso que un político, a quien resulta fácil considerar culpable de cualquier delito, al cual las autoridades, ¡por fin!, han decidido investigar y perseguir. Nadie se resiste a la tentación que implica aderezar las pláticas con los datos del caso.

El problema con ello, como se dijo al principio, es que estamos ante un ejemplo de perversión de las instituciones públicas. Y que ello ocurra no le viene bien a nadie, aunque de primera instancia parezca lo contrario.

El comentario viene al caso a propósito del arresto, el día de ayer, de Gilda, hermana de Emilio Lozoya Austin, a quien la Fiscalía General de la República acusa de haber servido de prestanombres a su hermano para blanquear el dinero que recibió, por concepto de sobornos, en el muy famoso “caso Agronitrogenados”, que ha llevado a prisión tanto al propio Emilio como al exdirector de AHMSA, Alonso Ancira.

¿Se trata realmente de un caso con la solidez como para ser judicializado y por el cual la hermana de Lozoya debe ir a prisión? ¿O se trata de una “necesidad” de las autoridades federales para instalar un tema de conversación que desplace la atención sobre los fallecidos por los festejos del Mundial, la incertidumbre del futuro del T-MEC o los narcoescándalos que envuelven a políticos del morenismo?

Puede apostarse a que no tendremos la respuesta exacta a esta interrogante en los próximos días o meses. Tal vez ni siquiera antes de concluir este sexenio. Pero la duda no tardará en instalarse en las conversaciones porque, igual que cualquier acusación de corrupción, suena creíble.