Certeza jurídica: si no existe, estamos en serios problemas

La certeza jurídica representa uno de los elementos indispensables de cualquier sociedad que aspire a considerarse democrática. Si esta garantía no existe, entonces resulta imposible progresar, es decir, construir comunidades que ofrezcan cada vez mayores y mejores oportunidades a sus miembros.

No se trata de un mero recurso retórico ni de un simple concepto que sirve para adornar discursos. Estamos hablando de que la actividad cotidiana esté regulada por un conjunto de normas en cuyo cumplimiento podamos confiar todos.

Un ejemplo de certeza jurídica que cualquiera puede entender es el relativo a la propiedad, en especial de la inmobiliaria. Porque si la propiedad privada no es protegida –blindada sería un término más deseable– por el andamiaje jurídico e institucional, entonces resulta muy difícil plantearse cualquier meta en términos de crecimiento económico.

El objetivo no es solamente que las operaciones de compraventa que se realizan entre personas físicas y/o morales sean absolutamente confiables, sino que la propiedad individual no pueda verse amenazada por actos ilegales como la invasión.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro ha debido iniciar hasta 17 juicios para recuperar áreas que le han intentado arrebatar particulares.

El caso de la UAAAN resulta emblemático porque, si una institución de educación superior, que es en sí misma un bien público y, por tanto, debería importarnos a todos, debe librar prolongados y costosos litigios para no ser despojada de sus propiedades, ¿qué puede esperar un ciudadano común?

No es un asunto menor, sino uno de capital importancia que pasa por el hecho de revisar la posición que las instituciones públicas adoptan frente a los intentos de despojo predial.

Y es que en torno a esta situación no tendría por qué existir duda alguna, ni tendría que haber titubeos a la hora de fijar postura: el intento por despojar a cualquier persona de su propiedad legítima no debería ser tolerado bajo ninguna circunstancia.

Las instituciones de Estado están obligadas, desde luego, a velar por el debido proceso en los casos de controversia, pero la defensa del derecho de propiedad tendría que ubicarse en una posición prioritaria porque de otra forma se socava toda la confianza en el Estado de derecho.

¿Por qué una universidad pública debe atravesar por una maraña burocrática para que los 12 juicios que aún tiene pendientes se resuelvan? El caso de la Antonio Narro constituye una magnífica oportunidad para que las autoridades muestren el compromiso que tienen con la defensa de la propiedad privada y envíen un mensaje contundente a quienes atentan contra esta.

Dejar de hacerlo implica no solamente ponerse del lado de quienes no respetan la Ley, sino dejar en claro que la certeza jurídica es sólo una ilusión.