Certificados ‘patito’: ¿en serio no pueden atajarse en Coahuila?

Las denuncias por fraude académico se han convertido en una realidad tan común en Coahuila que –pareciera– estamos a punto de normalizar su existencia. Y tal circunstancia sólo tiene una causa: la probada incompetencia de las autoridades educativas para atajar el problema.

El fenómeno es bastante simple: un grupo de individuos decide abrir una escuela y ofertar estudios de cualquier nivel, pero, como suele ser costumbre en nuestro país, decide hacerlo desde la informalidad. Esto implica que la institución comience a operar a pesar de no contar con los permisos que para ello debe expedirle la autoridad educativa.

Y aquí conviene tener muy claro cuál es el momento en el cual una escuela privada puede comenzar a operar, es decir, cuándo puede abrir sus puertas a la inscripción de alumnos, el cobro de cuotas y la impartición de clases: hasta que le haya expedido el “Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios” o RVOE, como se le conoce coloquialmente.

Ni un minuto antes. Ninguna escuela puede comenzar a operar teniendo el RVOE “en trámite”. Y la razón de ello es muy simple: si el citado reconocimiento no ha sido expedido, esa escuela no tiene autorización para funcionar. Eventualmente podrá obtenerla, pero eso es sólo una probabilidad, exactamente igual a la posibilidad de que no la tenga.

Pese a ello, cientos, acaso miles de escuelas privadas operan cotidianamente al margen de las reglas. Pero lo hacen porque la autoridad se los permite, se los tolera... eventualmente incluso les alienta a seguir operando así al no sancionar las muchas transgresiones en las cuales incurren.

El peor problema con ello es, desde luego, la defraudación que hacen de quienes confían en sus ofrecimientos, se inscriben y les pagan colegiaturas por años, sólo para darse cuenta, al final, de que obtener el certificado correspondiente es casi imposible.

Las autoridades educativas coahuilenses han dicho al respecto que no pueden estar recorriendo las calles de forma cotidiana para detectar a las escuelas que operan sin autorización y con ello intentan “justificar” el que las denuncias de fraude sigan registrándose, como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición.

Pero, ¿en verdad la única forma de atajar el problema es tener un ejército “peinando” las calles de forma permanente para detectar a las escuelas que operan al margen de las normas? ¿Acaso la tecnología no es capaz de ofrecernos una solución barata, eficaz e incluso elegante para esta problemática?

La respuesta puntual a las interrogantes anteriores es que no se requiere ni mucho dinero ni excesivo talento para confeccionar soluciones que frenen en seco un fenómeno que agrede la economía de múltiples familias y degrada a nuestro sistema educativo.

Lo que hace falta es solo voluntad y determinación para resolver el problema. Pero tampoco parece haber mucho interés en encontrar dicha solución. Por algo será.