Chiapas, la deuda con la raíz

La niebla trepa por los cerros y las campanas despiertan al mercado. Las mujeres tzotziles tienden sus telares sobre la banqueta. Todo parece quieto, pero la quietud engaña. Detrás de cada rebozo aguarda una cuenta pendiente, y el calendario le suma ceros desde hace tres décadas.

El primero de enero de 1994, México brindaba por el Tratado de Libre Comercio. Ese mismo día, hombres y mujeres encapuchados ocuparon cabeceras municipales chiapanecas. Exigían tierra, salud, escuela, vivienda y justicia. Diarios de Nueva York, Madrid y París llevaron la noticia a sus portadas. La Jornada y Proceso desmenuzaron el conflicto durante semanas. El planeta descubrió entonces un país oculto tras las cifras oficiales.

Pasaron treinta y dos años. Los números hablan sin adorno. El INEGI, heredero de la medición del extinto Coneval, divulgó en agosto de 2025 su balance de 2024. Chiapas encabeza la lista nacional, con 66.0 % de su gente en pobreza y 27.1 % en pobreza extrema. De sus 5.86 millones de habitantes, cerca de 3.86 millones padecen carencias. El promedio del país alcanza 29.6 %, y el estado lo duplica con holgura. BBVA Research calcula una pobreza casi seis veces superior a la de Baja California.

Entre 2022 y 2024, la nación recortó su indicador en 6.7 puntos. Chiapas apenas descendió 1.4, de 67.4 a 66.0, según la ficha estatal del instituto. Forbes México, La Jornada y Uno TV difundieron los datos. El sur completo aparece rezagado, y Oaxaca y Guerrero acompañan a Chiapas en el podio del abandono.

El rezago se mide en aulas, camas de hospital y grifos. A escala nacional, 24.2 millones de personas arrastran deficiencias educativas. Casi la mitad del país carece de seguridad social, y uno de cada tres habitantes no cuenta con servicios de salud. Esas brechas golpean con mayor fuerza al sureste. Una comunidad serrana puede distar horas de la clínica más cercana. Una niña tojolabal camina kilómetros hacia una escuela sin maestro.

La mirada internacional confirma el patrón. La ONU y el Banco Mundial estiman en 476 millones los indígenas del planeta. Representan apenas 6 % de la población, pero casi una quinta parte de los pobres extremos. México ratificó en 1990 el Convenio 169 de la OIT. En 2007 respaldó la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios. El papel firmado luce impecable; la realidad serrana lo contradice.

En casa, el censo de 2020 contó 23.2 millones de personas autoadscritas como indígenas, casi una de cada cinco. En Chiapas, cerca de tres de cada diez hablan tzeltal, tzotzil, ch’ol, tojolabal, zoque o mam. Sus lenguas guardan filosofías enteras. Sus tierras guardan agua, selva y café. Sus manos sostienen la economía del estado, pero reciben migajas del presupuesto.

En 1996, el gobierno y el EZLN firmaron los Acuerdos de San Andrés. Reconocían autonomía, territorio y cultura. En 2001, el Congreso aprobó una reforma recortada, y los pueblos rechazaron el resultado. Antes, en diciembre de 1997, cuarenta y cinco tzotziles murieron rezando en Acteal. Años más tarde, la Suprema Corte liberó a varios sentenciados. La herida sigue abierta, sin sutura ni disculpa suficiente.

Desde la bocina de una tienda de abarrotes suena Juanes. La camisa negra habla de un amor traicionado y de un hombre vestido de luto. El continente entero la bailó en 2005. Aquí la melodía adquiere otro sentido. Chiapas también se viste de oscuro, en duelo por promesas rotas, tierras cercadas y sueños pospuestos.

Llegó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con una consigna. Primero los pobres. Sembrando Vida, las pensiones, las becas y el Tren Maya, con parada en Palenque, ofrecieron oxígeno y esperanza. Nació además el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el agua potable, el hospital, la escuela bilingüe y la certeza sobre la tierra continúan lejos de las comunidades más apartadas.

En octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia y prometió continuidad con sello propio. Las cifras más recientes muestran alivio parcial, no justicia plena. La violencia criminal expulsó familias enteras de Frontera Comalapa y Chicomuselo. En noviembre de 2023, el EZLN anunció la disolución de sus municipios autónomos y sus juntas de buen gobierno, ante el avance de la delincuencia. El símbolo de la resistencia replegó sus banderas, y el Estado no ocupó ese vacío con servicios.

Los discursos celebran récords. Las mañaneras presumen millones de personas liberadas de la pobreza, y los datos nacionales respaldan buena parte del orgullo. Pero el promedio es un espejo con trampa.

Refleja al norte próspero y diluye al sur olvidado. La agenda humanista de los pueblos originarios, con su tierra, su lengua, su justicia y su autonomía, permanece en el ostracismo, sin ministerio propio ni prioridad presupuestal.

Treinta y dos años después, el guion se repite. Los gobiernos cambian de color, de gabinete y de verbo, mientras el expediente chiapaneco duerme en un archivero sellado. Dos de cada tres chiapanecos amanecen en pobreza. Cada cifra oculta un rostro, y cada rostro guarda una paciencia a punto de agotarse.

Chiapas es una olla de presión tapada con silencio. Si el país no escucha ahora, el próximo estallido no vendrá con pasamontañas ni comunicados: sorprenderá sin aviso. Chiapas ya lleva puesta la camisa negra, y esta vez el luto no es por amor, sino por abandono.