Coahuila: Desorden educativo, urge enfrentarlo con seriedad

Cualquier denuncia relativa a la realización de ofertas educativas irregulares, o la expedición de documentos que avalan estudios apócrifos, es un asunto delicado. Pero cuando las denuncias sobre el fenómeno comienzan a multiplicarse, sin duda es momento de disparar todas las alarmas.

Y es que una denuncia aislada habla de una irregularidad que refleja la actitud desleal de un servidor público o, en el caso más grave, de un grupo muy reducido de estos. Pero cuando el fenómeno escala es evidente que algo grave ha ocurrido a nivel institucional y que tal situación demanda una intervención de carácter sistémico.

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Eso justamente es lo que parece evidenciarse en el caso de Coahuila, pues a las denuncias relativas a la operación irregular de planteles educativos, de las cuales hemos dado cuenta en VANGUARDIA, ahora se suma una relacionada con la presunta expedición ilegal de certificados de preparatoria.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, la delegación estatal de la Secretaría de Educación Pública ha recibido una veintena de denuncias sobre certificados de preparatoria que, aparentemente, no se encuentran en el registro estatal de tales documentos.

Es decir: hay al menos 20 personas que en su momento recibieron un certificado que avala el haber realizado estudios de preparatoria, pero al intentar validarlos –en algunos casos para certificar estudios de licenciatura– se han encontrado con que su certificado no aparece en la base de datos en la cual se concentran todos los documentos de este tipo.

Dos posibilidades existen para explicar el fenómeno:

La primera –y más grave– tiene que ver con la posibilidad de que las personas no hayan realizado los estudios que dicho documento avala, es decir, que se trate de certificados falsos, en sentido estricto.

La segunda es que la persona sí haya realizado los estudios que el certificado pretende avalar, pero que, por alguna deficiencia atribuida a la escuela en la cual cursó los estudios, el certificado se expidió sin cumplir todas las reglas previstas para dicho trámite.

En ambos casos, desde luego, estamos hablando de la actuación irregular de un grupo de servidores públicos dentro de la Secretaría de Educación. Y en las dos situaciones resulta indispensable que se actúe sin miramientos para cortar de raíz el problema.

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Para ello, sin embargo, es indispensable que las autoridades educativas reconozcan la gravedad de la situación y asuman la necesidad de actuar con absoluto rigor, pues solamente así las acciones que se implementen se convertirán en un disuasor eficaz.

Porque no solamente se trata de que los hechos ya ocurridos sean investigados con rigor y, en consecuencia, castigados como corresponde, sino de implementar las salvaguardas para impedir que este tipo de fenómenos siga repitiéndose.