Coahuila: el problema de fondo no es la opacidad, sino la impunidad

Hace ya dos décadas, durante el gobierno de Vicente Fox, se creó la primera norma pública mexicana en materia de transparencia. En aquel entonces se dijo que el advenimiento de dichas reglas, que incluían la creación de un órgano especializado para garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información, transformaría el servicio público.

La premisa en la cual se basaba aquella afirmación era simple: la endémica corrupción padecida por la sociedad mexicana era producto de la opacidad. En otras palabras, los malos servidores públicos solamente lo eran gracias a que sus actos permanecían en la oscuridad.

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La premisa era, desde luego, parcialmente cierta y la transparencia sonaba entonces a buen antídoto en contra de las prácticas que prohijaban la corrupción. Pero a la vuelta de los años claramente ha resultado insuficiente el que contemos con una legislación que obliga a la transparencia, por muchos “dientes” que se le hayan puesto en el camino.

El recuento viene al caso para resaltar lo que ha quedado claro a lo largo de este trayecto: el problema real no es la corrupción ni la opacidad en la actuación de los servidores públicos. El problema real es la impunidad que sigue siendo garantizada por el mismo mecanismo que la garantizó en el pasado: la existencia de amplias cadenas de complicidad.

Eso, y ninguna otra cosa, explica el reporte que publicamos en esta edición, relativo a la contumacia de 29 instituciones públicas de Coahuila a cuyos titulares no les ha importado en lo más mínimo, ya no digamos la existencia de reglas que les obligan a entregar información a los ciudadanos, sino incluso el que el órgano garante de tal derecho -en este caso el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI)- les haya ordenado entregarla.

Un total de 63 expedientes, correspondientes a preguntas concretas de ciudadanos coahuilenses, se encuentran en dicha situación: a la ausencia de respuesta, o a la entrega de información incompleta, los peticionarios recurrieron al ICAI para demandar su intervención y la institución les dio la razón.

Teóricamente ello implica que los sujetos obligados deben entregar lo solicitado y, si no lo hacen, sufrirán consecuencias. Pero como todo mundo sabe que eso no va a ocurrir en los hechos entonces las órdenes del ICAI se convierten en “llamados a misa”: las atiende quien quiere.

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No es un hecho anecdótico sino la evidencia de cómo la construcción del entramado institucional que sirve para garantizar un derecho puede tomarnos décadas de esfuerzo, tenacidad y paciencia, pero puede ser destruido con una rapidez verdaderamente escalofriante.

Y es que, ¿a quién le va a interesar cumplir con sus obligaciones de transparencia cuando, en el principal puesto de responsabilidad pública del país se encuentra sentado un individuo que sostiene desde hace meses un abierto boicot en contra de la institución garante del derecho a saber de los mexicanos?