La capacidad de la gran mayoría de los países latinoamericanos para combatir la corrupción sigue en picada, siendo Guatemala y Venezuela los que más deterioro han experimentado como reflejo del frágil estado de la democracia y falta de voluntad política.

Guatemala y México (el lugar 12 de 15), por su parte, fueron los dos únicos países que han disminuido en sus puntuaciones cada año desde 2019 (año de la primera publicación), según la quinta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y Control Risks.

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El reporte reveló por primera vez una disminución del promedio regional, con retrocesos en 10 de los 15 países clasificados.

En el caso de México, el país pasó del puesto 11 al 12 en el índice, y su puntuación global continuó cayendo casi un 5% en 2022, y un 13% desde 2019.

En 2022 obtuvo un puntaje de 4.05, mientras que en 2021 fue de 4.25, un año antes registró 4.55 puntos y en 2019, cuando comenzó el índice, fue de 4.65.

México registró retrocesos en todas las categorías, pero el descenso más pronunciado se produjo en el rubro de democracia e instituciones políticas.

El país, dice el reporte, tuvo una fuerte caída en la variable que evalúa los procesos legislativos y de gobierno, lo cual refleja los esfuerzos percibidos por parte del Poder Ejecutivo para interferir en los asuntos legislativos y judiciales.

“Cada vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado al Poder Judicial y a las instituciones públicas independientes como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”, dice el reporte.

El índice coloca a México por debajo de la media regional en la variable que evalúa la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción.

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“Los cuales han sido utilizados para obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos. El número de contratos estatales adjudicados directamente va en aumento, y las Fuerzas Armadas —que no están sujetas al mismo escrutinio y normas de transparencia que los organismos civiles— participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura”, indica el documento.

Los únicos rubros en los que México rebasa la media regional son “Acceso a la información pública y transparencia general del gobierno”, “Movilización de la sociedad civil contra la corrupción” y “Comunicaciones digitales y redes sociales”.

El reporte alerta sobre un aumento de las críticas del presidente López Obrador hacia las organizaciones de la sociedad civil y la prensa “en medio de revelaciones de supuestos conflictos de interés y corrupción que involucran a sus familiares y aliados, lo cual ellos niegan”.

Es decir, un aumento de acciones del Ejecutivo para minar los únicos rubros fuertes de la calificación del país evaluados en el reporte.

El presidente declaró que planea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para darle sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo que socava “la transparencia y la rendición de cuentas, ya que la SFP se auditaría a sí misma en lugar de que los organismos autónomos supervisen el gasto público”.

El CCC es una herramienta analítica que permite evaluar la capacidad de los países de la región para detectar, castigar y detener la corrupción. Se considera que los países con más puntuación son los que tienen más probabilidad de enjuiciar y sancionar a los actores corruptos. La impunidad es más probable en los países ubicados en el extremo inferior de la clasificación.

La escala de puntuación va del 10, para el mejor conceptuado, al cero, para el que menos capacidad tiene. En la región, Uruguay y Venezuela están en los extremos, como el mejor y peor, pero sin llegar a la puntuación máxima de cada caso.

En la edición 2023 del CCC, Uruguay encabeza la lista como el país mejor capacitado para combatir la corrupción, con un puntaje de 6.99; seguido por Costa Rica, con 6.76; y Chile, con 6.67. Entre los países con menor puntación aparecen Guatemala, con 2.86 puntos; Bolivia, con 2.56; y Venezuela, con 1.46.

De los 15 países, Guatemala y Venezuela experimentaron las caídas más significativas en sus puntajes en el último año, del 15% y 10.4% respectivamente. Panamá, en cambio, registró una mejora sustancial del 9% en términos interanuales, a 5.39 puntos.

La corrupción sigue siendo “un reto” en toda América Latina, ya que el 70% de los participantes en la encuesta convinieron en que es “una de las principales preocupaciones para la mayoría de las personas en su país”, conforme al texto.

“El deterioro en la capacidad de controlar la corrupción tiene implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas”, expresó Theodore Kahn, director asociado de Control Risks.

“Socava la confianza en las instituciones, lo cual favorece propuestas populistas y polarizadoras” y debilita la confianza de inversionistas, explicó el experto a The Associated Press.

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Aunque la corrupción es una preocupación para buena parte de la población latinoamericana, no es el único desafío para los gobiernos, la sociedad civil y los medios de comunicación. Otro de los retos que enfrentan son la delincuencia y las dificultades económicas, de acuerdo con el reporte que reveló el índice de este año. El resultado mostró que es un entorno anticorrupción menos activo y menos movilizado que en años anteriores. Sigue erosionándose poco a poco.

El índice fue publicado por primera vez en 2019 y analiza 14 variables clave, entre ellas, la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y la cantidad de recursos destinados a combatir la corrupción.

En Guatemala, el descenso “es el resultado del frágil estado de la democracia y la falta de voluntad política para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo Valeria Vásquez, analista de la consultora que realizó el estudio

En el caso de Venezuela, que ocupa el último lugar de la región por quinto año consecutivo, el oficialismo controla la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y otras instituciones públicas, que responden a las directrices del gobierno de Nicolás Maduro.

La variable del índice que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó en el país un 18% y la que evalúa la calidad de la prensa, un 15%, un reflejo de las amenazas a la libertad de prensa y a las libertades civiles por parte del gobierno de Maduro, de acuerdo con el reporte.

La baja puntuación de Venezuela en el índice es reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país y que ha permitido al partido oficialista cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos existentes en un sistema democrático.

Con información de AP y EFE