Coahuila: Entre buenas, malas y mejores

HONESTO. El calificativo es para el joven abogado Osvaldo Aguilar, titular de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), y su equipo de trabajo, quienes lograron ser reconocidos por la Secretaría de Fiscalización de Coahuila por cumplir al 100 por ciento con la entrega de sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Cabe mencionar que esta dependencia ya había sido certificada en materia de transparencia de cuentas, y actualmente atiende a 11 mil 500 derechohabientes.

Me han llegado comentarios acerca del trato amable y dignificante que brindan tanto Osvaldo como la gente a su cargo a todos los pensionados y jubilados. Aunque él prefiere mencionar que son las instrucciones de su jefe, Óscar Pimentel, al final de cuentas la atención es integral y deja buen sabor de boca.

Lejanos quedaron los tiempos en que todo era oscuridad y hasta malos modos con quienes simplemente pedían ser escuchados conforme a derecho.

COMPROMETIDO. El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, pertenece a un grupo muy reducido de políticos que no solamente son cercanos a la gente y a sus necesidades, sino que hacen de cada obra entregada o cada ceremonia un evento de sencillez y bonhomía. Lo mismo se le ve guaseando con los niños y jóvenes en una escuela o bailando con las señoras de barrio, que terminando empapado en el bautismo de los nuevos bomberos, como sucedió hace unos días.

Su camino a la alcaldía viene precedido de una administración eficiente en la cartera del deporte estatal. Su paso por la administración municipal incluye obras en pavimentación, infraestructura pluvial, conectividad urbana y soporte social a través del DIF municipal.

Se dice que lo anterior ha contribuido a que se le considere para la reelección el próximo año, un periodo en el que enfrentará grandes retos y tareas.

VILIPENDIADO. Así resultó el magistrado presidente Miguel Mery, quien ante la andanada de protestas de abogados –tanto en Saltillo como en Monclovita la bella– tuvo la ocurrencia de citar a medios de comunicación (más bien invitar selectivamente) a un recorrido por el elefante blanco de la Mirasierra.

Dando explicaciones sobre procesos e “innovaciones” que, definitivamente, sólo existen en su mente, pretendió con ello dar por terminado el mayúsculo suplicio que diariamente atraviesan los litigantes y sus clientes ante la inoperante, corrupta y burocrática administración de justicia, plagada de juececillos balaceras, de esos que, según mi compadre, arreglas con una botella de tequila, una bolsa de hielo Nórdiko y una Fresca tamaño familiar.

Ya un abogado de Monclova describió al flamante magistrado como 90 por ciento político y 10 por ciento abogado. Yo corregiría la plana: 85 por ciento político, 5 por ciento botana y 10 por ciento ron Botran.

Mery confronta a sus acusadores mencionándoles que deben hacer la política a un lado y centrarse en asuntos de administración de justicia. Lástima que las evidencias fotográficas lo sitúen a él más como político que como jurista; y para muestra, ahí las pruebas: chalequito verde.

INCONGRUENTE. En mi querida Facultad de Jurisprudencia se convocó a elección para designar al próximo director que la administrará durante los próximos tres años. Tres son los candidatos visibles en una reñida contienda que se definirá en las próximas dos semanas. Lo llamativo es que, mientras a los candidatos se les pide comprobar que gozan de solvencia moral y conducta intachable, entre los firmantes de la convocatoria aparece el nombre de Goyito Pérez Mata como miembro del colegio electoral. Se trata del personaje implicado en la decisión y manejo de una inversión del fondo de justicia por 126 millones de pesos, que simplemente se esfumó cuando era el mandamás del Poder Judicial en aquellos tiempos de la dictadura. ¡Haya cosa con los abogados balaceras!