Coahuila: estado ‘blindado’ y preparado para responder

En las sociedades que aspiran a ser consideradas democráticas un elemento de la vida pública sobre el cual no puede quedar lugar a dudas es que las reglas de la convivencia común se imponen desde las instituciones públicas. O, para decirlo más claro, que quienes han decidido hacer de la delincuencia un modo de vida no puedan aspirar a gobernar sobre la ciudadanía.

La anterior no es una simple frase de ocasión o un deseo lanzado al aire. Es el fundamento mismo del Estado democrático de derecho en el cual el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado.

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Reiterar lo anterior es absolutamente indispensable porque, como ya nos ha ocurrido –por desgracia– en el pasado reciente, es muy fácil normalizar la presencia delincuencial en nuestras comunidades y “acostumbrarnos” a que los criminales definan nuestro estilo de vida.

Es importante por ello que, en algunas ocasiones, se utilicen frases fuertes para dejar clara la idea anterior. Y esto es así porque resulta indispensable enviar el mensaje correcto y, sobre todo, que no quede lugar a dudas respecto de cuáles son las reglas del juego.

En esa dirección rema la frase que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, utilizó ayer durante la presentación de la versión ciudadana de su Segundo Informe de Gobierno en Torreón: “Aquí prevenimos todo lo que se puede, pero estamos listos para una respuesta fulminante si es necesario”.

Y es que, en efecto, el uso de la violencia siempre es indeseable y, en términos del ideal democrático, esta debe ser la última de las herramientas de la cual el Estado eche mano. Pero, al mismo tiempo, debe contarse con la determinación de recurrir a ella si fuera necesario. Y en situaciones extremas no debe titubearse al respecto.

Eso es lo que se ha hecho en Coahuila en los últimos sexenios, y ello ha permitido recuperar la paz y que la ciudadanía transite por las calles de nuestras ciudades sin el temor a quedar atrapada en medio de una balacera o ser víctimas de cualquier delito.

Pero no se trata solamente de repeler ataques, sino de garantizar una realidad en la cual la impunidad no tenga cabida. En ese sentido, el que Coahuila tenga una tasa del 98 por ciento en materia de esclarecimiento de homicidios es un dato que habla por sí solo. Para dimensionar, la media nacional en este rubro es cercana al 40 por ciento, es decir, menos de la mitad de la nuestra.

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Eso convierte a la frase “en Coahuila, quien la hace, la paga”, en el más potente de los disuasores para quienes se ven ante la posibilidad de incurrir en una conducta contraria a la ley. Porque nada es más eficaz en este sentido que atestiguar cómo, quien incurre en un delito, es investigado, perseguido y castigado.

El de la seguridad es por ello un rasgo relevante del quehacer público local que debe reconocerse y ponderarse en el contexto del proceso de rendición de cuentas. Habrá que identificar, desde luego, las oportunidades de mejora, que siempre existen y son las que dotan de virtud al sostenimiento de la paz en democracia.