Coahuila: Reparación a sobrevivientes de El Pinabete, un asunto de memoria y no repetición

Se cumplieron tres años de la tragedia de El Pinabete, donde murieron 10 mineros. Sin embargo, a pesar de que la historia se centró en el rescate de los trabajadores que perdieron la vida, hay otra historia que también se tiene que contar: la de los sobrevivientes y su olvido.

¿Y por qué es importante contarla? Por varias razones. Una de estas es porque ellos, de primera mano, pueden relatar las omisiones e irregularidades alrededor de la mina y esto debería ser un insumo importante en aras de la búsqueda de justicia y de no repetición.

TE PUEDE INTERESAR: Los mineros de El Pinabete que vivieron para contarla y hoy luchan por no ser olvidados

En el reportaje de SEMANARIO del lunes pasado, autoría de Jesús Peña, se desprenden los relatos de los sobrevivientes; mineros que también estuvieron en el fondo cuando se presentó la inundación –“como tsunami”, describen–, pero que, por un milagro, lograron llegar a la superficie.

Sus testimonios ratifican que nunca hubo una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y que fueron enviados a escarbar carbón sin ninguna previsión ni plan de emergencia.

También es importante contarla porque la demanda donde reclaman una reparación del daño es pertinente y necesaria en aras de lograr la no repetición de las tragedias mineras en La Carbonífera.

Desde hace años, la retórica de las autoridades y el reclamo de las familias que han vivido una de estas tragedias es la no repetición, lo cual, evidentemente, no se ha concretado, pues desde Pasta de Conchos suman más de 100 muertes en pozos de carbón.

Sin embargo, reconocer una reparación del daño a los mineros sobrevivientes representaría aceptar una omisión de la autoridad alrededor de este trabajo. Y emprender estrategias de no repetición comienza con reconocer lo que se hizo mal o lo que simplemente no se hizo. Si no se reconoce que se hizo mal, ¿cómo estaremos seguros de que se trabaja para que no se repita la misma historia?

En distintos trabajos que publicamos posterior a la muerte de los 10 mineros en Agujita, dimos cuenta, con voces de especialistas y documentación, de las inconsistencias y falta de cumplimiento a las leyes de la materia que derivaron en la inundación de la mina. Esto mismo está plasmado en el reclamo de los sobrevivientes a la STPS para exigir la reparación del daño.

Entre esas omisiones están, por ejemplo, la falta de planes geohidrológicos que hubieran servido para conocer los niveles de inundación de las minas contiguas al centro de trabajo o la falta de salidas de emergencia. Todo esto, acompañado de las omisiones en las inspecciones, es argumento para determinar una responsabilidad.

Y la responsabilidad del Estado, con motivo de una actividad administrativa irregular, es suficiente para que personas afectadas exijan una indemnización.

AL TIRO

La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado prevé el trámite de una indemnización por haber sufrido daños a causa de una actividad administrativa irregular del Estado, situación que, a todas luces, sabemos, ocurrió en la tragedia de El Pinabete.

Como dice el reclamo de los mineros sobrevivientes: “La buena administración pública es un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes públicos”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Llegó la nueva ENSU y ojo al tema de los conflictos

El otorgamiento de una reparación integral implica el reconocimiento formal de que hubo una falla estructural del Estado en su deber de prevenir, proteger y garantizar los derechos fundamentales –particularmente el derecho a la vida y a condiciones de trabajo seguras–. Esta medida contribuye a restaurar la dignidad de las víctimas, quienes no deben cargar con las consecuencias de un sistema que las colocó en situación de vulnerabilidad.

Desde el punto de vista de las garantías de no repetición, reparar e indemnizar a los sobrevivientes implica sentar un precedente institucional y jurídico que advierta sobre las consecuencias de la negligencia estatal. El mensaje es claro: el Estado no puede permanecer impune ante la omisión de sus obligaciones. Esto presiona a que se fortalezcan mecanismos de inspección laboral, regulación de concesiones mineras y protección de derechos colectivos.

No se trata sólo de compensar una pérdida, sino de afirmar un compromiso institucional con la vida, la memoria y la no repetición.