Combate al crimen: Réquiem para los abrazos sin balazos

La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy enfática al presentar su estrategia sobre seguridad cuando dijo: “Lo primero, que es muy importante, es: no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón”. La némesis de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Felipe Calderón, es otra de las herencias que le dejó a su sucesora. La lucha contra el crimen organizado hace 12 años sigue siendo pretexto y motivación política del obradorismo, pero en esta ocasión, en el primer gobierno químicamente puro que surgió de ese movimiento, las palabras empiezan a sonar como mera retórica para el control de daños.

Es posible que Sheinbaum tenga una diferencia ideológica con Calderón, pero en sus acciones sobre seguridad, de quien se ve lejos es de López Obrador. Su plan para enfrentar el desbordamiento de la violencia basado en la prevención, la atención a las causas, la inteligencia y la presencia, es una versión abreviada e incompleta de lo que Calderón llevó a cabo, como se aprecia en el programa sectorial publicado en el Diario Oficial en 2008.

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Retomar los fundamentos de aquella estrategia −pero llevarla a un éxito integral− no puede ser visto como una traición al obradorismo, sino como un acto de lealtad de Sheinbaum con López Obrador −aunque ninguno de los dos lo vea así en este momento−, porque disminuir la inseguridad y los muertos −que se logró en mayo de 2011− es un avance hacia un país pacífico que consolide el proyecto que ganó en las urnas, y que haga olvidar el desastre que le dejó su antecesor. En el éxito de ella estará la trascendencia de López Obrador.

Sheinbaum no es López Obrador ni, en temas como la seguridad, querrá asemejarse a él. Lo que fue López Obrador lo vaticinó Calderón, cuando durante un discurso en Guadalajara le respondió a un joven por la llamada “guerra contra las drogas”: “Si tú u otro pretenden que mi gobierno se quede cruzado de brazos viendo cómo atentan contra los jóvenes, cómo secuestran y cómo extorsionan, están muy equivocados. Lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, que no se meta con ellos.

“Quienes pretenden que el gobierno no defienda a la gente, están muy equivocados”, agregó Calderón. “A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor hace lo que tú quieres... sentadito, calladito y volteando para otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad, es una ingenuidad”.

Sheinbaum lo debe saber porque de otra manera no hubiera presentado una estrategia con los alcances perfilados. Extorsiones y secuestros −señalados por Calderón− son los delitos de alto impacto en los cuales se enfocará el plan, mientras el combate a las grandes bandas se hará frontal −como lo hizo el expresidente−, aunque al explicarlo, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, lo fraseó diferente, quizás como una delicadeza política para no enfrentar a su jefa con el expresidente.

García Harfuch especificó que uno de los objetivos principales será “neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva”, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, donde la actividad criminal no abruma sólo en términos cuantitativos sino cualitativos. Dicho sin las sutilezas, “neutralizarlos” significa enfrentarlos.

Para eso va a construir un Sistema Nacional de Inteligencia “con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen”, agregó García Harfuch. Esto es un cambio fundamental del gobierno obradorista, donde las capacidades dejaron de servir al Estado mexicano y se enfocaron en el espionaje político. Este sistema integrará las áreas civiles y militares para coordinar los esfuerzos en su combate, la logística criminal y la disrupción de sus finanzas.

En este esfuerzo participarán el Centro Nacional de Inteligencia, la inteligencia militar y naval, y la probable reconstrucción de lo que fue Plataforma México, una potente base de datos criminal. En el gobierno de Calderón funcionó una coordinación similar junto con la Procuraduría General de la República, que siempre tropezó por los conflictos entre sus titulares. La confianza que permita un intercambio de información de calidad dentro del gabinete, será uno de los grandes desafíos que tenga García Harfuch, porque de no tenerlo, la estrategia no funcionará debidamente.

Hay innovaciones en la estrategia. Una de alta relevancia ataca directamente el robo de combustible, que es lo que tiene a Guanajuato desde hace tiempo en el primer lugar de homicidios dolosos. Bajo la coordinación de Harfuch estará Pemex Logística, que tiene que ver con los ductos por donde se transportan combustibles, donde fue nombrado como titular Israel Benítez, que fue subsecretario de Operación Policial en la Ciudad de México y quien lo sustituyó mientras convalecía de un atentado. Otra fundamental, por el combate anunciado contra el fentanilo, es Cofepris que, sin salir del Sector Salud, se coordinará con García Harfuch, desde donde se podrán monitorear las importaciones de precursores químicos que se utilizan para su producción.

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Para cerrar el círculo de instituciones que se pretenden alinear para el combate al crimen, trabajarán áreas dedicadas a la seguridad en la Unidad de Inteligencia Financiera −que ya lo hace de manera sistemática−, el SAT, la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde donde se rastrearán las rutas del dinero para cortar el financiamiento a las organizaciones delincuenciales y el lavado de dinero.

La Fiscalía General aportará al modelo, a la Agencia Federal de Investigación, y a los ministerios públicos. La estrategia plantea las mesas de judicialización que se instrumentaron en el gobierno de López Obrador con fines de lucha contra criminales, pero que se volvieron con el apoyo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en un instrumento político donde se decidía a qué oponente del presidente iban a doblegar o encarcelar. La Corte ya no estará presente, y se reforzará el trabajo del ministerio público para elaborar expedientes, sólidos y a prueba de jueces, que fue una de las grandes debilidades y deficiencias en el gobierno anterior.

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