Corrupción gubernamental: los indicadores no se mueven

Los representantes de todos los partidos políticos, sin excepción, aseguran estar en contra de cualquier práctica de corrupción. La condena que desde el discurso se hace en contra de dicha conducta no solamente es unánime, sino que no tiene fisuras.

Tal coincidencia en la postura invita a pensar que la lucha contra la corrupción gubernamental es una batalla ganada, pues tal práctica no cuenta con un solo aliado en ninguna parte. Pero la realidad, terca como es, se empeña en demostrarnos, una y otra vez, que además de estar equivocados, somos terriblemente ingenuos.

Porque la corrupción gubernamental, al menos medida desde la percepción ciudadana, sigue gozando de cabal salud. Y no sólo eso, sino que los agentes gubernamentales en los cuales la sociedad identifica mayor proclividad por esta práctica siguen siendo los mismos de siempre.

En efecto, como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, la reputación que en nuestra comunidad tienen los políticos partidistas y los policías sigue siendo la misma: los ciudadanos consideran hoy, como lo hacen desde hace mucho tiempo, que son los más proclives a la corrupción.

Y es que, de acuerdo con los resultados de la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que elabora el Inegi, los coahuilenses consideramos que la corrupción es una práctica común en los partidos políticos, tanto estatales como nacionales, así como entre quienes integran los cuerpos policiales.

Un contundente 79.4 por ciento de la población considera que la corrupción es muy frecuente entre quienes integran los partidos políticos, y tal cifra sólo es superada por quienes portan una placa policial, pues en este caso, el 82.2 por ciento de la población cree que la corrupción es una práctica común allí.

Se trata, es preciso insistir en ello, de cifras que no se han modificado prácticamente en nada a lo largo del tiempo. La ENCIG, que se levanta de forma bianual, ha sido consistente en señalar a ambos grupos como los más proclives a la corrupción.

Pero lo más grave que revela esta cifra es que, a quienes forman parte de ambos conjuntos, no les preocupa en lo más mínimo la reputación de la cual gozan entre la ciudadanía. Y esto se puede afirmar porque si el indicador no se ha movido, eso implica que políticos y policías no han hecho absolutamente nada para incidir en la percepción que de ellos se tiene.

Y eso dice mucho no solamente de políticos y policías, sino también de quienes integramos la comunidad. Porque si la percepción no se mueve y, a pesar de ello, quienes son reprobados por la opinión pública no reaccionan, algo no está funcionando en el modelo.

Y es que lo normal sería que, frente a la indiferencia de quienes reciben la calificación pública, el costo se incrementara para dichos actores, de forma que no tuvieran más remedio que reaccionar. Pero está claro que nadie se encuentra en dicha dinámica.