Cuando el feminismo pone fronteras: el 8M en Saltillo

En Saltillo, a un mes del 8 de marzo, no hay una sola marcha ni una sola decisión. Hay una fractura. No provocada por consignas distintas ni por desacuerdos tácticos, sino por la manera en que se redefinió quién puede ocupar el espacio público en nombre del feminismo. Dos posicionamientos, dos formas de entender el cuidado y una pregunta incómoda que atraviesa al movimiento: ¿cuándo el cuidado deja de proteger y empieza a excluir?

El antecedente inmediato no es menor. En la marcha de 2025, compañeras fueron gaseadas y detenidas por fuerzas del Estado. La violencia fue real, documentada y dejó miedo. A partir de ello, distintas colectivas feministas emitieron un comunicado donde decidieron no marchar rumbo al Congreso como forma de protección colectiva. Ese posicionamiento nombró explícitamente a mujeres, infancias, personas trans y disidencias como vidas que merecen ser cuidadas. No canceló la lucha, no llamó al silencio y no delimitó quién pertenecía y quién no. Propuso el cuidado como una estrategia política frente a la represión.

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Este año, sin embargo, el debate tomó otro rumbo. El pronunciamiento del equipo organizador de la Marcha 8M 2026 en Saltillo se presenta bajo un lenguaje que apela a la historia del feminismo, a la pluralidad de corrientes y a la seguridad. Reconoce que existen distintos feminismos y que las calles son públicas. Pero a renglón seguido establece que la marcha será “totalmente separatista”, es decir, únicamente con la participación de “mujeres biológicas”, y aclara que no existirá un bloque mixto ni transincluyente.

No se trata de una diferencia teórica abstracta. Lo que está en juego es quién tiene derecho a habitar un espacio político que históricamente ha sido colectivo. La marcha del 8M no es una asamblea privada ni un espacio identitario cerrado; es una acción política en el espacio público, una tradición que ha crecido precisamente por su capacidad de convocar a mujeres con experiencias, trayectorias y cuerpos diversos.

Uno de los argumentos centrales del pronunciamiento es la seguridad. Se hace referencia a los hechos de 2025 y se afirma que la exclusión responde a la protección de mujeres adultas mayores e infancias. Sin embargo, en ningún punto se explica cómo o por qué la presencia de mujeres trans representaría un riesgo para esa seguridad. La asociación queda insinuada, no argumentada. Cuando el riesgo no se nombra con claridad, lo que se produce no es cuidado, sino estigmatización.

En este contexto, resulta especialmente problemático el uso de analogías que comparan la presencia de mujeres trans con prácticas de consumo o posturas ideológicas, como “llevar carne a un espacio vegano”. Comparar la existencia de mujeres trans con una elección de consumo es deshumanizante, aunque se intente suavizar con lenguaje académico. Las identidades no son prácticas que se adopten o se contradigan; son vidas que también atraviesan violencias estructurales.

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El texto organizador insiste en que “el sujeto político del feminismo es la mujer”. Históricamente, esa afirmación ha sido parte de debates complejos dentro del movimiento. Aquí, sin embargo, se utiliza como un mecanismo de delimitación: primero se invoca como consenso y después se redefine de manera restrictiva. El resultado no es claridad política, sino exclusión material.

Hay una contradicción que no puede ignorarse. Se reconoce que las calles son públicas y que toda manifestación social es válida, pero al mismo tiempo se decide quién puede marchar y quién no bajo una lógica de congruencia ideológica. En la práctica, esto implica una privatización simbólica del feminismo: la administración de un espacio público como si fuera propiedad de un solo grupo. No es una consecuencia inevitable de la pluralidad feminista; es una decisión política concreta.

La diferencia entre los posicionamientos de este año es fundamental. No es lo mismo suspender o transformar una marcha para proteger vidas frente a la violencia estatal, que reorganizarla para excluir cuerpos. El cuidado, cuando se ejerce como estrategia colectiva, amplía la lucha. Cuando se usa como criterio de pertenencia, la reduce.

Escribir esto desde Saltillo no es un ejercicio abstracto. Quienes hemos participado en marchas, procesos comunitarios y espacios de organización sabemos que la fuerza del 8M ha estado en su capacidad de visibilizar violencias diversas sin exigir uniformidad identitaria. Marchar juntas no borra las diferencias; las pone en diálogo. Convertir la diferencia en frontera rompe ese diálogo.

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Decir que el feminismo no es “la madre de todas las luchas” puede sonar contundente, pero en este contexto funciona como un cierre anticipado. Nadie está pidiendo que el feminismo absorba todas las causas, sino que reconozca que hay cuerpos que viven opresiones cruzadas y que también forman parte de esta historia.

Cuando el feminismo comienza a vigilar quién pertenece antes de preguntarse a quién incomoda el poder, algo se desajusta. La historia del 8M no se construyó delimitando accesos, sino desbordando las calles para señalar violencias estructurales.

La discusión que hoy atraviesa a Saltillo no es menor ni anecdótica. No se trata de elegir entre corrientes feministas, sino de decidir qué hacemos con el miedo, con la violencia y con la diferencia. Si el cuidado se convierte en frontera, el riesgo no es solo la fragmentación del movimiento, sino la pérdida de su potencia política.

La pregunta queda abierta: ¿qué tipo de feminismo estamos construyendo cuando, frente a la violencia, la respuesta ya no es ampliar la lucha, sino restringir quién puede habitarla?