Cultura, mucho más que una agenda de eventos

La Secretaría de Cultura existe en Coahuila desde 2011; su antecedente fue el Instituto Coahuilense de Cultura. Un instituto cumple una función especializada, mientras que una secretaría tiene la responsabilidad de dirigir una política pública. Esta se entiende como el ejercicio organizado y deliberado del gobierno para transformar una situación considerada socialmente relevante. No es lo mismo que un programa: este se concreta en acciones específicas para alcanzar determinados objetivos.

Lo anterior viene a cuento porque el pasado 24 de agosto se dio el cambio de mando en la Secretaría de Cultura de Coahuila y, en lo personal, me lleva a reflexionar sobre la importancia de gestionarla y promoverla. No abordaré aquí lo realizado por la maestra Esther Quintana durante su gestión, ni si Leticia Rodarte –la recién nombrada secretaria– posee o no el perfil académico, la capacidad o los conocimientos necesarios para comprender la importancia de la cultura en una sociedad. Sabemos que el componente político en este tipo de nombramientos suele encontrarse entre las prioridades de los gobiernos. Hablaré de algo distinto: de la importancia de la cultura en una sociedad y de la responsabilidad de quienes tienen la tarea de promoverla.

Primero, es importante entender que no es el Estado quien crea la cultura: es la sociedad. El aparato gubernamental tiene la responsabilidad de protegerla, promoverla y democratizarla, sin apropiarse de ella ni utilizarla como instrumento de control o propaganda. El reto, por tanto, de una Secretaría de Cultura no es organizar eventos, sino construir una verdadera política cultural que fortalezca la identidad, preserve la memoria, apoye a los creadores, reconozca la diversidad y contribuya a formar ciudadanía.

La relevancia de la cultura radica en que permite a una sociedad saber quién es, de dónde viene, cómo interpreta el mundo y hacia dónde quiere ir. En ese sentido, tiene muchas aristas: es una herramienta de cohesión social, educación, desarrollo humano, identidad, creatividad, pertenencia, diálogo y memoria, pero, sobre todo, de ciudadanía y democracia. Permite que diferentes voces tengan un espacio para expresarse.

Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de escuchar, dialogar, cuestionar y comprender perspectivas distintas. La cultura contribuye a ello porque abre espacios para la imaginación, la crítica y la expresión. Una comunidad culturalmente activa no solamente conserva el pasado: discute su presente e imagina su futuro.

Aunque el espectáculo es parte de la cultura, esta no debe convertirse en un simple espectáculo. La promoción cultural tiene poco que ver con organizar festivales, obras de teatro y conciertos; se trata de tener una sensibilidad profunda para preguntarnos cómo se promueve la lectura, cuántos espacios para la creación se están generando, cuántos artistas pudieron desarrollar su trabajo, cuántas comunidades fueron escuchadas, cuántas lenguas fueron preservadas, qué tradiciones lograron transmitirse a las nuevas generaciones, qué personas que estaban excluidas pudieron participar y qué patrimonio fue protegido.

En última instancia, la pregunta es: ¿qué puede cambiar en la vida de las personas gracias a una verdadera política cultural? Significa conocer de dónde venimos para decidir con mayor libertad hacia dónde queremos ir. Es una responsabilidad pública: preservar la memoria, fortalecer la identidad, asegurar el acceso, respaldar a los creadores, proteger la diversidad, estimular la creatividad y generar espacios de encuentro social.

Para ello se necesitan funcionarios con capacidad administrativa, pero también con sensibilidad y criterio. Porque para dirigir la cultura de una sociedad no basta con saber administrar presupuestos; se requiere comprender a la comunidad que la produce. Una sociedad puede sobrevivir sin muchas cosas, pero difícilmente puede hacerlo sin una cultura que le permita reconocerse, recordar, convivir y proyectarse hacia el futuro.

Si la cultura es identidad, memoria, educación, cohesión social, creatividad y ciudadanía, entonces la política cultural no puede reducirse a organizar eventos.

Frente a este escenario, una verdadera política cultural debe preguntarse: ¿Qué patrimonio queremos conservar? ¿Qué tradiciones están en riesgo de desaparecer? ¿A quiénes estamos dejando fuera de la vida cultural y cómo la llevaremos a las comunidades y municipios más alejados? ¿Qué oportunidades ofreceremos a las nuevas generaciones de creadores? ¿Cómo dignificaremos el trabajo de quienes producen cultura?

Asimismo, resulta crucial cuestionar: ¿Cómo vincularemos cultura y educación? ¿De qué manera utilizaremos la cultura para fortalecer el tejido social? ¿Cómo impulsaremos la creatividad y las nuevas expresiones? ¿Cómo aprovecharemos la cultura para generar desarrollo sin convertirla en mercancía? ¿Cómo garantizaremos que sea libre y no se convierta en propaganda política? ¿Cómo sabremos si nuestra política cultural realmente está transformando la vida de las personas? Y, finalmente, ¿qué sociedad queremos construir a través de la cultura?

¿Cómo responder a estas preguntas? Primero, despolitizando la cultura; enseguida, teniendo en cuenta las necesidades de una sociedad como la nuestra; luego, democratizando su acceso, preservando el patrimonio y garantizando su transmisión a las nuevas generaciones. También es indispensable apoyar a artistas y creadores, salvaguardar la diversidad y vincular la cultura con la educación.

Por supuesto, también debemos mirar hacia las grandes ciudades del mundo y observar cómo, a través de la cultura, se ha impulsado el desarrollo económico y comunitario, sin reducirla a una mercancía. Debemos entender, además, que la cultura funciona como un espacio de encuentro, diálogo y cohesión social, garantizando al mismo tiempo la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad, libre de cualquier pretensión de propaganda política. Así las cosas.