Desconfianza: De instituciones y ciudadanos

Decía Platón en “La República” que la justicia no puede entenderse solamente como una abstracción: necesita hombres justos. Algo parecido podríamos afirmar de la corrupción. Cuando sentenciamos que México es un país corrupto, quizá habría que formular la pregunta de otra manera: ¿qué hemos hecho los mexicanos para que esa práctica se haya convertido en algo tan extendido y, peor aún, tan tolerado? No es un asunto menor. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, publicado en 2026, coloca al país en el lugar 141 de 182 naciones evaluadas. Un dato que debería incomodarnos. Y mucho.

Pero aquí aparece una interrogante todavía más importante: ¿qué papel están jugando nuestras estructuras públicas en todo esto? John Rawls sostenía que, cuando una sociedad es injusta, buena parte de la explicación está en sus instituciones. La pregunta, entonces, deja de ser solamente si existen mexicanos corruptos. La verdadera cuestión es otra: ¿qué tienen estos entes que permiten, toleran o incluso reproducen esas conductas? ¿Para qué queremos un aparato público?

En principio, porque una sociedad no puede vivir eternamente a expensas de la buena voluntad de sus ciudadanos. Necesitamos reglas, autoridades, procedimientos y mecanismos que permitan convivir con quienes piensan distinto, resolver conflictos, proteger derechos y distribuir responsabilidades y oportunidades. Las instituciones son, finalmente, la forma que una sociedad encuentra para organizar la vida en común.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el Inegi y publicada en mayo de 2026, deberían obligarnos a mirar el problema desde otra perspectiva. Porque la sociedad mexicana no parece haber perdido la capacidad de confiar.

Todavía confiamos: en la familia, 84.8%; en las universidades públicas, 75.9%; en las universidades privadas, 53.1%; en las escuelas públicas de nivel básico, 74.6%; en los compañeros de trabajo, 72.7%; y en los vecinos, 68.3%.

México no es una sociedad sin confianza, pero esta disminuye cuando nos acercamos al poder. Mientras familiares, universidades y comunidades mantienen altos niveles de confianza, las instituciones políticas se encuentran en los más bajos: los gobiernos estatales apenas alcanzan un 40.4%, mientras que los jueces y magistrados caen al 34.8%.

Policías, 34.7%; ministerios públicos y fiscalías, 34.1%; Cámaras de Diputados y Senadores, 29.7%; y al final de la lista, en el sótano de la confianza: los partidos políticos, con apenas 23.9%.

La paradoja es evidente: necesitamos a los partidos para representar y organizar democráticamente el poder, pero son precisamente ellos quienes menos confianza generan. El ciudadano no ha dejado de confiar; ha dejado de confiar en quienes dicen representarlo. En ese sentido, la discusión deja de ser solamente una cuestión de percepción. Vea lo siguiente: el 84.1 por ciento de la población considera frecuentes los actos de corrupción. Y entre quienes tuvieron contacto con alguna autoridad durante trámites, pagos o solicitudes de servicios, 15.6 por ciento dijo haber experimentado directamente un acto de corrupción. Además, el costo estimado alcanzó los 17 mil 707.4 millones de pesos.

Pero el fondo es que el ciudadano tiene que pagar para que un trámite avance. El empresario necesita de una relación para resolver un problema. Así, se descubre que conocer a alguien puede ser más importante que cumplir una regla. Y ahí comienza el verdadero daño. Porque la corrupción no solamente se lleva dinero, también algo mucho más difícil de recuperar: la confianza en las reglas. Cuando una persona descubre que las normas no son iguales para todos, deja de creer en la institución que debería garantizar su cumplimiento. Y entonces aparece el círculo perverso: instituciones débiles → corrupción → desconfianza → menor legitimidad y, finalmente, organismos todavía más débiles.

¿Cómo rompemos ese círculo? Ciertamente no con propaganda. El problema no es la falta de confianza. Tal vez hemos planteado mal el asunto. No necesitamos ciudadanos ingenuos que vuelvan a confiar ciegamente en el gobierno, en los partidos o en quienes ejercen el poder. Al contrario, lo que el país necesita son ciudadanos desconfiados, en el mejor sentido de la palabra: críticos, informados y exigentes.

La democracia no necesita ciudadanos que aplaudan, sino que cuestionen. Que exijan cuentas. Que quieran saber dónde está el dinero. Que pregunten por qué una promesa no se cumplió. Que no acepten que ganar una elección sea interpretado como un cheque en blanco. Pero esa sociedad crítica necesita algo del otro lado: instituciones capaces de responder. Que rindan cuentas. Que respeten las reglas. Que protejan derechos. Que combatan la corrupción. Que reconozcan sus errores. Que entiendan que gobernar no es mandar.

Quedemos claros: una elección puede otorgar poder, pero no garantiza legitimidad, porque esta se construye todos los días. La sociedad mexicana no ha perdido la capacidad de confiar; lo que ha hecho es algo mucho más razonable: ha aprendido a confiar selectivamente. En quienes conoce. En quienes responden. En quienes cumplen. En quienes demuestran. Y desconfía de quienes no lo hacen. Y esos abundan en nuestro país.

Por eso el desafío de nuestras instituciones no consiste en pedirle a la sociedad que vuelva a confiar. Consiste en volver a ser dignas de confianza. Porque el poder puede ganarse en las urnas. La confianza, en cambio, sólo puede obtenerse gobernando. Y mientras los partidos sigan ocupando el último lugar de confianza, mientras la corrupción siga formando parte de la experiencia cotidiana y mientras las instituciones pretendan resolver su problema de credibilidad con discursos, quizá la pregunta no sea por qué los ciudadanos desconfían, sino qué han hecho las instituciones para dejar de ser confiables. Así las cosas.