Delitos sexuales: ¿quién les pone freno en Coahuila?

Cualquier forma de violencia, en una comunidad civilizada, es condenable y, por tanto, debe ser rechazada sin ambigüedades por todos los miembros de la sociedad. Se trata, simple y sencillamente, de una conducta inadmisible que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, hay algunas formas de violencia que resultan particularmente agraviantes porque involucran el ataque a la intimidad de las personas, como es el caso de las agresiones de carácter sexual. Justo por ello, las comunidades que aspiran a ofrecer un clima que favorezca el desarrollo sano de sus integrantes deben realizar esfuerzos particulares para impedir que se registren.

Avanzar en este propósito implica, en primerísimo lugar, diseñar y poner en práctica un sistema de monitoreo que permita vigilar de forma permanente la incidencia de tales conductas. Y la vigilancia debe tener un objetivo concreto, desde luego: reaccionar de forma automática ante la presencia de episodios de esta naturaleza.

Porque si la vigilancia de las variables no sirve para activar los mecanismos institucionales de combate a las conductas indeseables, entonces daría lo mismo que no se destinaran recursos a monitorear tales comportamientos. En este sentido, las autoridades responsables de los mecanismos de reacción deben hacerse cargo de la realidad.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al incremento que registró, en el primer mes de 2026, la denuncia de los delitos de carácter sexual en nuestra entidad, respecto del mismo periodo del año 2025.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de este año se abrieron en Coahuila un total de 145 carpetas de investigación a partir de denuncias por delitos de violencia sexual. Las víctimas, como suele ocurrir por desgracia en este caso, son fundamentalmente mujeres.

En contraste, durante el primer mes del año pasado, la cifra de carpetas abiertas fue de 133. Ya era, el del año pasado, un número muy alto que debía provocar la activación de los mecanismos de reacción que tienen a su cargo las distintas autoridades municipales, estatales y federales.

Y el objetivo inicial de dicha reacción tendría que ser la contención del fenómeno, es decir, el evitar que siga creciendo. Pero eso es lo mínimo que se esperaría, pues idealmente lo que debe ocurrir es que la incidencia baje por efecto precisamente de la reacción institucional.

Lejos de tal posibilidad, sin embargo, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario, es decir, que la incidencia, al menos en lo que al número de denuncias se refiere, ha crecido.

Se trata de una realidad absolutamente inadmisible que debiera generar una reacción inmediata que sólo puede darse en una dirección: la del compromiso con el combate frontal y sin contemplaciones en contra de las agresiones de carácter sexual.