Derecho a la salud: no a todos se les garantiza

El derecho a la salud, consagrado en la Constitución, representa uno de los elementos más delicados de la vida de las personas, pues se trata de un “derecho llave”, es decir, que al carecer de él, se pierde la posibilidad de acceder a otros derechos. Por ello, el Estado debe dedicar a garantizar este derecho todos los recursos necesarios.

Al respecto conviene decir que el derecho a la salud implica más que la posibilidad de ser atendidos cuando enfermamos. También incluye el que se desplieguen acciones para permanecer sanos, es decir, que evitemos las enfermedades que pueden prevenirse y se minimicen en general los riesgos en torno a todo padecimiento que afecte nuestra salud o capacidades.

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En otras palabras, las obligaciones del Estado en relación con la garantía de este derecho son variadas, complejas y de carácter permanente. No se agotan con la prevención, ni terminan cuando, habiendo sido víctimas de una enfermedad, recuperamos la salud.

Por ello justamente, el Estado tiene la obligación de ajustar de forma permanente sus mecanismos de atención, utilizando para ello las estadísticas del propio sistema de salud. El propósito de ello es responder adecuadamente frente a la fenomenología que la realidad presenta.

El comentario viene al caso a propósito del reportaje que publicamos hoy en Semanario, el suplemento de investigación periodística de VANGUARDIA, en el cual se revela cómo las autoridades sanitarias del país no han sido eficaces en reaccionar ante el incremento en la incidencia de casos de Lupus.

Este padecimiento forma parte de una familia de enfermedades denominadas “autoinmunes” porque derivan de un mal funcionamiento del sistema inmunológico que, en lugar de actuar contra los agentes extraños que enferman el cuerpo, atacan al propio organismo.

Como toda enfermedad autoinmune, el Lupus es de difícil diagnóstico porque no presenta una sintomatología única y precisa. Además, debido a que puede atacar prácticamente cualquier órgano o sistema del cuerpo, requiere de un equipo multidisciplinario para su diagnóstico y tratamiento.

Y aquí es donde el sistema de salud pública presenta su principal falla: no ofrece a las personas derechohabientes de sus servicios una ruta clara para que sean diagnosticadas ni, mucho menos, un mecanismo de tratamiento que les permita atenderse de forma adecuada.

En otras palabras, quienes padecen Lupus −tal como ocurre con cualquier persona que sufre una enfermedad poco común−, no tienen garantizado su derecho a la salud en los términos que lo establece la Constitución.

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Quienes tienen la desgracia de desarrollar esta y otras enfermedades, como lo consignamos en el Semanario de hoy, pasan por un auténtico vía crucis para obtener, primero, un diagnóstico adecuado y, después, para que se les garantice un tratamiento adecuado, algo que no debería ocurrir.

Cabría esperar que quienes tienen a su cargo las instituciones del sector salud asuman el reto de garantizar este derecho de la única forma aceptable: de forma universal y permanente.