Designación de consejeros: La remoción en el IEC convoca a la reflexión

En el año 2014, cuando se reformó la Constitución para dar paso, entre otras cosas, a un “nuevo modelo” de organización de los órganos electorales del país, el argumento central que los impulsores de las nuevas reglas plantearon fue que la centralización daría paso a un sistema realmente orientado a garantizar los derechos políticos de la ciudadanía.

El anterior, se dijo entonces, era uno que no funcionaba adecuadamente, pues el hecho de que los Congresos estatales eligieran −cada uno de acuerdo con sus propias reglas− a los integrantes del Consejo General del órgano responsable de las elecciones locales, implicaba que la autoridad comicial estuviera “subordinada” al gobernador en turno.

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El que dicha función pasara al Consejo General del INE, no solamente eliminaría la “nociva injerencia” de los mandatarios estatales, sino que permitiría uniformar las reglas para la selección de consejeros electorales en todo el país. Hacer eso, en teoría, daría como resultado mejores instituciones a nivel local.

Ha transcurrido poco más de una década desde aquella reforma y la realidad no ha cambiado sustancialmente. De hecho, los partidos políticos −todos− siguen quejándose exactamente de la misma forma: allí donde ganan elogian el trabajo de la autoridad electoral y allí donde pierden la acusan de “cargar los dados” y actuar con parcialidad.

Un elemento de la vida institucional de los órganos electorales ha cambiado de forma relevante, sin embargo, se ha impuesto un auténtico récord en la realización de procesos de destitución en contra de consejeros designados a través del nuevo modelo. Y esta semana tocó el turno a Coahuila, pues el Consejo General del INE decidió destituir a quien encabezaba el Consejo General del IEC.

Rodrigo Germán Paredes Lozano apenas había cumplido 26 meses en el cargo, del periodo de siete años para el cual fue designado. Ni siquiera un tercio del trayecto.

Pero el poco tiempo que estuvo al frente de la institución bastó para demostrar, sin lugar a dudas, que su designación fue un error por parte del INE. Rápidamente acumuló denuncias por actos que van desde el abuso de funciones hasta la corrupción lisa y llana.

La remoción de Paredes ha puesto fin a una presidencia carente de los mínimos elementos éticos para el ejercicio de la función, pero obliga a cuestionar la eficacia del mecanismo mediante el cual se realizan las designaciones.

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Habrá quien diga que al menos hoy existe la posibilidad de someter a procedimientos a quienes ejercen la función de forma indebida, con lo cual se impide la impunidad. Sin embargo, lo que el nuevo modelo ofrecía impedir fue justamente lo que aquí ocurrió: la llegada a cargos electorales de relevancia a individuos como Rodrigo Paredes.

Por ello, el caso Coahuila es uno que obliga a la reflexión sobre las reglas actuales y sus promesas incumplidas.