El doble proceso que excluye a los saltillenses de la vivienda propia

En 2021, una de cada cinco viviendas registradas para su construcción en Saltillo pertenecía al segmento popular. Apenas cuatro años después, esa proporción se desplomó a una de cada cuarenta y tres. No estamos frente a un simple encarecimiento inercial del mercado, sino ante un proceso sistemático de exclusión que está cancelando la posibilidad de adquirir vivienda propia para la clase trabajadora y las nuevas generaciones de nuestra ciudad.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha implementado una política laboral que ha propiciado un aumento sin precedentes recientes en los ingresos. La recuperación del poder adquisitivo del salario es una realidad demostrable. Sin embargo, en Saltillo, este avance histórico colisiona con una dinámica inmobiliaria que avanza a un ritmo superior y en sentido contrario.

Los datos son rigurosos y concluyentes. Al analizar los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), observamos que el ingreso laboral promedio en la zona metropolitana aumentó 2.67 veces en términos nominales entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2026. No obstante, en ese mismo periodo de dos décadas, el valor de la vivienda financiada se multiplicó por cuatro (un incremento acumulado del 309%), de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). En términos reales, esto significa que la relación indexada entre el precio de la vivienda y el ingreso laboral promedio se deterioró en aproximadamente un 50%. El salario crece, pero el costo del techo se aleja más rápido.

Este fenómeno configura un doble proceso restrictivo. Por un lado, la vivienda general experimenta un encarecimiento sostenido. Por otro lado, los desarrolladores han migrado la producción, retirando la oferta económica para concentrarse en viviendas más caras. Las cifras del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) de la SEDATU revelan que el registro de nuevos proyectos en el segmento popular cayó un 92.4% entre 2021 y 2025, pasando de 540 a solamente 41 unidades. Esta caída es desproporcionada y no obedece a una contracción general del mercado, ya que el registro total de vivienda en la ciudad disminuyó apenas un 33.5% en el mismo lapso.

El resultado de este traslado del capital hacia los segmentos medio y residencial es un desajuste profundo entre lo que se construye y lo que la mayoría de la población tiene capacidad de pagar. Para mayo de 2026, el inventario vigente en el Registro Único de Vivienda reportaba una desproporción insostenible: en Saltillo existían 2,525 viviendas disponibles en los segmentos tradicional, medio y residencial, frente a únicamente 9 viviendas de tipo popular. En términos prácticos, por cada casa disponible para un trabajador de bajos ingresos, el mercado ofrece 280 casas orientadas a sectores de mayor poder adquisitivo.

Ante la nula disponibilidad de oferta nueva accesible, más de la mitad de las compras que sí logran financiarse en la ciudad se ven dirigidas al mercado de la vivienda usada. Además, quienes logran acceder a un crédito de compra, cuyo monto promedio rondó los 963 mil pesos entre enero y mayo de 2026, representan exclusivamente a una demanda solvente que ya superó las barreras de entrada. Esta cifra invisibiliza al trabajador mediano que, simplemente, ya no califica para los precios de entrada actuales.

Esta realidad demuestra una premisa fundamental de la economía urbana: la política laboral y salarial federal, por muy exitosa que sea en elevar los ingresos, no puede resolver por sí sola las fallas estructurales de los mercados locales.

Los gobiernos de Coahuila y de Saltillo no pueden permanecer inactivos mientras el mercado dicta quién tiene capacidad financiera para vivir en la ciudad y quién debe ser desplazado a la periferia sin servicios. Es imperativo acompañar los aumentos salariales con esfuerzos locales decididos. Requerimos políticas urgentes de gestión del suelo, agilización de permisos, dotación de infraestructura y facilidades regulatorias que vuelvan económicamente viable la producción habitacional en los segmentos de mayor demanda social.

Una ciudad industrial que basa su crecimiento en la atracción constante de inversión y fuerza de trabajo no tiene viabilidad futura si su mercado de vivienda opera desconectado de los ingresos de quienes sostienen esa misma economía. Es momento de intervenir el problema desde lo local, antes de que esta brecha se vuelva irreversible.