El fondo y la forma de la reforma judicial

El Fondo. Todos sabemos que la corrupción y la impunidad dentro del Poder Judicial es la variable más importante de la necesidad de dicha reforma; de eso no hay duda. Y usted estará de acuerdo en que se requiere dicha reforma, a menos que le agraden los casos de los que hemos sido testigos, antes y ahora, de jueces que complican la procuración de justicia con prácticas que benefician a grupos de interés.

Ya lo señalábamos en la entrega pasada: la forma en que han llegado los juzgadores a ocupar esos puestos no ha sido nunca transparente, la colusión o el temor del riesgo que implica por estos días ocupar esos cargos, las acusaciones de enriquecimiento ilícito, las liberaciones polémicas de criminales, en fin. La reforma urge.

TE PUEDE INTERESAR: El Poder Judicial: ¿por qué este 1 de junio sí importa tu voto?

Urge porque es necesario mejorar el sistema de procuración de justicia plagado de inconsistencias y sesgos. Urge porque el sistema actual se ha convertido en una maquinaria ineficiente que beneficia a unos cuantos y no precisamente a los más débiles, a los vulnerables y los que requieren ser beneficiados por la justicia, es decir, no ha sido un sistema –en palabras de John Rawls– que iguale a los desiguales. Urge porque sólo ha servido al mejor postor y eso lo evidencian los tortuosos, lentos y complejos procesos por los que pasan los afectados que han sido víctimas de quienes son vecinos, amigos y conocidos de quien ocupa un cargo –desgraciadamente el que sea– en el sistema judicial en nuestro país.

El problema del que muchos se agarran, y no sin razón, es la inmediatización, la improvisación, la planeación y todo lo que se ha visto desde que apareció la moción, la politización de la propuesta. Más por quien la propone que por el espíritu de la propuesta en sí. Desafortunadamente, quienes desinforman han tenido mano porque sigue habiendo sectores que desean que las cosas continúen como están, porque así se benefician. Eso, por una parte; por la otra, pareciera de pronto que, más que una necesidad que tenemos todos los mexicanos de la reforma, la reforma sea tema solo del partido en el poder.

La forma. Aquí es donde la desinformación toma fuerza. Aquí es donde la reforma toma sesgos, particularmente de desaire, de desinterés y de indiferencia a pesar de los esfuerzos del organismo electoral y de la supermillonaria inversión de la infraestructura del 1 de junio. Pero insisto, si usted piensa que no se requiere es porque falta un análisis preciso del estado que guarda la procuración de justicia en el país o ha faltado también, por otra parte, interés por indagar las formas, como la llamada a votar no sólo por quienes son parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo, sino por quienes procuran la justicia; lo que marcará un hito, en lo sucesivo, en la forma como nos gobernamos en México.

¿Cómo es que han accedido o acceden los jueces a sus cargos en nuestro país? En principio, nuestra Constitución establece mecanismos de designación, nombramiento, ratificación y carrera judicial para jueces y magistrados. Los jueces de Distrito y magistrados de Circuito acceden mediante el sistema de carrera judicial, regulado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Para ello deben de pasar por concursos de oposición abiertos o internos, cumplir requisitos de edad, experiencia, conocimientos y buena reputación, en algunos casos, pasar por etapas como secretarios de juzgado/tribunal antes de ser juzgadores. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son propuestos por el presidente de la República en una terna y son nombrados por el Senado por mayoría calificada. En los estados, en virtud de que cada uno tiene su propia Constitución, hay sistemas mixtos. Algunas entidades usan carrera judicial, otros el nombramiento político por el Congreso local, gobernador o un Consejo de la Judicatura local.

Ese ha sido el deber ser, ¿pero por qué no ha funcionado o por qué los altos niveles de corrupción en el Poder Judicial en México? Porque ha faltado una cultura –en todos los ámbitos en las estructuras del estado– de transparencia y rendición de cuentas. Los procesos de elección y selección de jueces y magistrados no sólo son opacos, sino que una vez que han llegado sienten que no tienen que rendir cuentas a nadie de sus hechos y decisiones que han tomado. Simple y llanamente se van por la libre, frenando investigaciones o aclamando a la controvertida discrecionalidad, sin dar cuenta a la población a la que “sirven”.

Otro elemento es que no hay órganos de vigilancia externa hacia los jueces. ¿Quién juzga a los juzgadores? Se requiere. Otro dato es que da la impresión –perdón por entrar en el área de la hipótesis–, de que las denuncias, el tráfico de influencias, el nepotismo, entre otras linduras, dan cuenta de que pareciera que jueces y magistrados operan en favor de intereses privados y de partidos.

Es un hecho que la mayoría –salvaguardando a unos cuantos– de los jueces han arribado por ser parte de grupos de poder que han hecho fila hasta que les llegue el momento. O porque son familiares o simplemente por lealtades políticas. Esa no es una suposición. Lo cierto es que lo político ha estado por encima de lo ético, y los intereses de grupo, por encima de lo moral.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Votar o no votar en la elección judicial? Esa es la cuestión

Se requieren, por tanto, procesos meritocráticos y por elección, de eso no hay duda, y aun con muchos elementos en contra por temas de forma. Lo otro es que no hay garantía de que esta nueva manera de elegir jueces subsane lo que se quiere sanar o corregir, pero nada está escrito en piedra. Pero aun con esos riesgos, considero que hay que dar el paso. Terminar con quienes tienen secuestrado el Poder Judicial es una buena oportunidad de comenzar a andar un camino en el que desafortunadamente podemos saber lo que va a pasar.

Los candados, la vigilancia, la transparencia, la rendición de cuentas de lo que se viene es una urgencia. Mientras son peras o manzanas, la elección está ya aquí, y sería lamentable que usted no asistiera. Menuda responsabilidad histórica tiene el gobierno actual con el tema que este 1 de junio nos ocupa a todos los mexicanos. Así las cosas.