El gobernador morenista que hizo coincidir al PAN con Palacio

Imaginen que, en aras de promover la equidad de género en la política, el Congreso de Chiapas aprobó una ley electoral que obliga a los partidos a postular a mujeres para la mitad de los 124 municipios del estado. La reforma fue propuesta por el gobernador, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, y recibió el visto bueno por unanimidad el 14 de septiembre pasado.

La modificación al artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales busca, supuestamente, que las mujeres no solamente representen la mitad de las candidaturas, sino que tengan oportunidades efectivas de ganar alcaldías.

Al hacer un recuento, 62 municipios quedaron reservados exclusivamente para candidatas; 61 municipios quedaron con género libre, o sea, los partidos pueden postular hombres o mujeres, y solo Oxchuc queda fuera del mecanismo, porque elige a sus autoridades mediante sistemas normativos indígenas.

Hay otro detalle fundamental: si un municipio quedó reservado para mujeres, ningún partido puede postular a un hombre, aunque sea el alcalde en funciones y quiera reelegirse. El argumento de la reforma fue que la paridad de candidaturas no estaba produciendo una representación equivalente en alcaldías. Según las cifras citadas en la exposición de motivos, en 2015 ganaron 34 mujeres; en 2018, 33; en 2021, 19; y en 2024, 22. Esto último significa el 18 por ciento de las alcaldías, con las reglas de paridad existentes.

Hasta ahí, la idea medianamente tiene algo de sentido, si no nos enfocamos en que para un puesto de liderazgo debería estar la persona mejor preparada sin importar su género, pero ese es otro debate.

Lo turbio en el asunto es cómo se determinó en cuáles municipios irían mujeres. El proceso fue en domingo, a puerta cerrada, sin medios de comunicación, con tómbola y con un sólo notario al que, por cierto, medios locales han vinculado con prácticas irregulares. Es Juan Gabriel Coutiño Gómez, de la notaría 150 con sede en Tuxtla Gutiérrez.

La cosa se pone todavía más interesante cuando uno analiza que los municipios en donde “la tómbola” decidió que tendrá que haber candidatas son, en gran medida, los que forman parte del llamado corredor del narco: Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Amatenango de la Frontera y Siltepec, por mencionar algunos.

El PAN ya promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte a pesar de haber votado a favor porque considera que la integración le correspondía al INE local y no al Congreso. Lo curioso es que también aparece otro recurso con el mismo objetivo, aunque sin detalles conocidos, por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Luisa María Alcalde. Es decir, el gobernador logró lo que nadie más. Unir al PAN y a Palacio Nacional en una idea.

@ClaudioOchoaH

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