El modus operandi de los negocios de Alito Moreno

El golpe que dio Alejandro Moreno en el PRI para reelegirse, generó más que molestia política y tocó otras fibras, que está permitiendo profundizar en la cloaca de negocios e intereses cruzados en las que se ha embarcado Alito, como se le conoce popularmente, desde que era gobernador de Campeche y durante su reinado al frente del partido, que muestran un manejo monárquico de los recursos de ese estado y una relación profunda con la franquicia más exitosa del sistema político mexicano encabezada por “El Niño Verde”, Jorge Emilio González, y el gran padrino, Manuel Velasco, compadre de dirigente tricolor.

Documentos a los que se obtuvo acceso revelan la gran fotografía de recursos salidos de impuestos que fueron pagados por los ciudadanos de Campeche y los contribuyentes para beneficio de Alito, de sus socios y amigos. Pero entre toda la documentación obtenida, hay un capítulo que marca la manera discrecional e impositiva del presidente del PRI, que sobresale porque utiliza un método de triangulación con consultorías compartidas con el Verde en donde hay sospechas de corrupción.

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Las consultorías son un negocio legal y legítimo en México y en el mundo, donde hay empresas de extraordinaria calidad en sus análisis, recomendaciones y pronósticos. En el caso de las que contrató Alito para el PRI, tendría que hacerse una auditoría para poder determinar si los 184 millones de pesos que ha erogado durante su presidencia para investigación y cursos de capacitación, la mayoría de ellas en línea sobre temas genéricos, cumplieron los propósitos para los cuales se contrataron. De acuerdo con la diputada Montserrat Arcos Valenzuela, no.

Arcos Valenzuela fue destituida por Alito de la dirección del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, tras denunciar el año pasado que la habían presionado para aceptar un programa de capacitación en línea que costaría 32 millones de pesos −que le parecía excesivo−, que el proveedor, a cambio del contrato, regresaría 16 millones de pesos al PRI, sin saberse con certeza si eran para el bolsillo de algunos dirigentes o para canalizarlo a otras necesidades de Alito. Las denuncias no fructificaron porque los órganos electorales le respondieron a sus quejas que debía llevarlas a las comisiones internas del PRI para desahogarlas. Fue una mala broma. Alito controla todo en el partido.

Pese a la puntualidad de la denuncia, no es posible afirmar que el mismo patrón se siguió con las otras adjudicaciones a consultorías. Hay algunas que no pertenecen a militantes de los verdes, pero que tienen fuertes vínculos comerciales con otros dos partidos, en particular el PRI y en un caso, en Puebla, con Morena.

Abstracto Comunicaciones es uno de los casos más sobresalientes; recibió contratos del PRI y los verdes. Fue constituida en 2016 por Alfredo Salazar Olvera y Belén Balcázar Guevara, quienes recibieron contratos por 25 millones de pesos de los verdes y del PRI, durante los primeros meses de Moreno al frente del partido, por el mismo concepto: talleres en línea. Los mismos Salazar Olvera y Balcázar Guevara fundaron el Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política en marzo de 2021, y seis meses después empezaron a recibir contratos millonarios del Partido Verde. Otra empresa de Salazar Olvera continuó recibiendo este año contratos del PRI −por casi 7 millones de pesos− para lo mismo, talleres en línea.

La vinculación Moreno con la dirigencia verde no es nueva, aunque no se había visto tan profunda como ahora lo muestran los documentos. Cuando Alito gobernó Campeche otorgó contratos a dos prestanombres de González, “El Niño Verde”, Rolando Elías Wismayer −sobrino del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Édgar Elías− y Rolando Santiesteban −su compadre, exsecretario particular del exdiputado verde Bernardo de la Garza, jefe de la delegación olímpica en París, y a quien le prestaba regularmente el avión del gobierno−, en tiempos que coinciden con la revelación de Mario Maldonado, columnista de El Universal, que el entonces gobernador había adjudicado contratos irregulares a empresas vinculadas con el Partido Verde.

Uno de los casos paradigmáticos de la documentación revisada por la confirmación y profundización de esa relación, son los contratos adjudicados a dos empresas, APS Soluciones y grupo MGDK, que están relacionadas con Marco Gómez Alcántar, que fue diputado por el Verde y consejero en el entonces Instituto Federal Electoral. MGDK se llamó originalmente Party in a Box, que fue la proveedora de playeras para el Partido Verde. APS Soluciones le dio al PRI asesoría legal y de fiscalización en materia electoral por 33 millones de pesos, y también recibió poco más de un millón de pesos del Comité Estatal del PRI en Campeche, subsidiario de Moreno, sin dejar de trabajar para el Verde.

El nombre de Gómez Alcántar, junto con el del secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez Arroyo, volvieron a salir en abril cuando la diputada Arcos Velázquez dio a conocer audios y mensajes de WhatsApp donde hablaba del modus operandi de la presunta corrupción con la contratación de talleres en línea a sobreprecios que compensaba el proveedor regresando alrededor del 50 por ciento. Por supuesto, no fueron los únicos.

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Otros contratos que dio Alito a sus amigos del Verde fue a Especialistas en Multimedia, creada en 2009 por Javier Orozco Gómez, que fue diputado, senador y nuevamente diputado en legislaturas donde coincidió con Moreno. Aunque la empresa tenía más de una década de fundada antes de que asumiera la presidencia del PRI, a los 90 días de ser electo −con el respaldo del expresidente Enrique Peña Nieto y el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador− le dio su primer contrato por 5 millones de pesos. La empresa recibió contratos en los años subsiguientes por un total de 18 millones de pesos.

La relación de Moreno con la dirigencia del Partido Verde apesta, y deja abierta la posibilidad de que sus complicidades se traduzcan en los apoyos que necesita Morena en la próxima legislatura para apalancar el régimen obradorista, porque la auditoría de esos contratos, por ahora, no hay forma que se lleve a cabo.

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