Esta vez podría ser diferente en lo que respecta a las sanciones a Rusia

Por Simon Johnson y Oleg Ustenko, Project Syndicate

WASHINGTON, DC- El presidente de EE. UU., Donald Trump, lleva tiempo afirmando que podría poner fin fácilmente a la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Lamentablemente, los resultados de sus intentos de intervenir no han sido decisivos, y la brutal agresión de Rusia sigue causando un número cada vez mayor de víctimas civiles.

No obstante, un grupo bipartidista del Congreso de EE. UU. ha realizado la ardua labor de facilitar la tarea de Trump. Un proyecto de ley identifica claramente medidas integrales para reducir los ingresos de Rusia por exportaciones, al tiempo que establece una autoridad arancelaria bien definida para respaldar dichas medidas y garantizar que no perjudiquen a la economía estadounidense.

La Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia (conocida como S.5025 en el Senado) fue elaborada por el difunto senador Lindsey Graham, junto con los senadores Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen, Katie Britt, Roger Wicker, James Risch y otros colegas. Se centra en golpear a Rusia donde más le duele: las exportaciones de petróleo y gas natural que generan los ingresos con los que financia su maquinaria bélica.

Sin duda, los intentos anteriores de reducir los ingresos de exportación rusos han tenido cierto impacto. Pero también han dado lugar al crecimiento de una gran «flota en la sombra» que transporta petróleo ruso, así como a transacciones financieras relacionadas diseñadas para eludir las sanciones occidentales. En respuesta a los intentos anteriores de limitar los ingresos de exportación rusos, el Kremlin y sus socios internacionales encontraron diversas soluciones alternativas, como el uso de petroleros con propietarios en la sombra y el “blanqueo” del petróleo desviándolo a través de puertos en regiones ricas en petróleo, como Oriente Medio.

A pesar de su nombre, la «flota en la sombra» no está oculta en absoluto. Rusia ha estado haciendo alarde de manera ostensible de su capacidad para eludir las sanciones, confiada en que Occidente, especialmente Estados Unidos, no aplicará contramedidas legales significativas.

Esto podría cambiar con la legislación propuesta, que tiene tres componentes principales. En primer lugar, centra la atención (y las sanciones obligatorias) en todas las empresas rusas implicadas en la exportación de combustibles fósiles, incluidas las empresas energéticas, los vehículos financieros y los propios proyectos energéticos. En segundo lugar, «toma medidas drásticas» contra la flota en la sombra. Se acabaría con las trampas y con hacer la vista gorda. Cualquiera que mantenga relaciones comerciales con esta flota estaría sujeto a sanciones punitivas por parte de Estados Unidos.

En tercer lugar, impone aranceles selectivos a un grupo reducido de los países más infractores que sigan comprando petróleo o gas natural a Rusia. Esta disposición frenaría en seco a la mayoría de los compradores potenciales. Es posible que algunos países sigan comprando a proveedores rusos, pero solo si consiguen descuentos masivos.

Es importante destacar que EE. UU. se reservaría la facultad de ajustar estas medidas si se produjeran consecuencias no deseadas, y la presión sobre Rusia sería enorme. El precio al que Rusia puede vender petróleo caería, probablemente de forma considerable, y a medida que disminuyera el dinero que fluye a las arcas del Kremlin, también lo harían sus gastos en la guerra y los esfuerzos por apuntalar su tambaleante economía civil.

Al mismo tiempo, Rusia seguirá extrayendo y vendiendo petróleo al mundo en un volumen más o menos similar al anterior. La razón es sencilla: el coste marginal de producción en Siberia Occidental (los principales yacimientos de Rusia) ronda los 15 dólares por barril, y Rusia necesita desesperadamente divisas extranjeras. Mientras gane al menos unos pocos dólares por barril, el petróleo seguirá fluyendo.

En consecuencia, es poco probable que la Ley de Sanciones a Rusia afecte al precio mundial del petróleo, que viene determinado por el equilibrio global entre la oferta y la demanda, pero sí reduciría el precio que recibe el Kremlin. Un precio neto más bajo por sus exportaciones de petróleo limitaría la capacidad de Rusia para importar productos electrónicos y otros componentes para cohetes, drones y, en general, equipamiento militar. Sin estos insumos, sus ataques contra Ucrania se paralizarían.

Igualmente importante es que estas sanciones asestarían un duro golpe a una economía rusa que ya se encuentra en dificultades tras más de cuatro años en pie de guerra. La elevada inflación y los altos tipos de interés están minando los cimientos de la economía y mermando su crecimiento. Al afectar a sus sectores más importantes y a su principal fuente de divisas, este proyecto de ley ejercería una enorme presión sobre el Kremlin e intensificaría el descontento económico que ya está creciendo entre los rusos de a pie y la élite del país.

Si todo es una negociación, como dice Trump, la mejor manera de imponerse frente al presidente ruso, Vladímir Putin, es reforzar la posición de Estados Unidos con amenazas creíbles y mayor influencia. Y la mejor manera de lograrlo es aprobar la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia.

Poner fin a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia contribuiría a la estabilidad económica mundial, a la bajada de los precios de la energía y a la reducción del coste de la vida. Los mercados del petróleo y el gas se volverían más resistentes, las presiones inflacionistas derivadas de las adquisiciones militares de emergencia de Occidente remitirían, y una Ucrania segura volvería a convertirse en un importante proveedor de productos alimenticios para el mundo. Esto debería ser una obviedad para cualquier líder estadounidense. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Simon Johnson, premio Nobel de Economía en 2024 y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor en la MIT Sloan School of Management, coautor (junto con Daron Acemoglu) de *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity (PublicAffairs, 2023), y copresentador (junto con Gary Gensler) del podcast *Power and Consequences*.

Oleg Ustenko es exasesor económico del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.