Gobiernos municipales: ni el mínimo de transparencia en Coahuila

Una de las promesas que se le hizo a la sociedad mexicana, al crearse la primera legislación en materia de transparencia y acceso a la información en el país, fue que esta ayudaría a combatir con eficacia la corrupción, pues el velo de opacidad que hasta entonces cubría la actividad pública sería descorrido. No ha sido así.

Sucesivas reformas a la legislación federal y local en la materia han sido anunciadas afirmando que se estaba “dotando de dientes” a la normatividad y que ello la haría más eficaz. Una de esas reformas es la que establece la obligación de las autoridades de poner a disposición del público cierta información, sin necesidad de que nadie la solicite.

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Es la denominada “información pública de oficio sujeta a publicación”, cuyo desglose aparece en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente en el Estado. Entre los datos que obligatoriamente deben publicarse se encuentran “los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el o los contratos celebrados”.

En otras palabras, cualquier persona que desee conocer el contenido de los contratos realizados por un ente público de Coahuila debería tener acceso a dicha información acudiendo a la página web de transparencia de los sujetos obligados.

Sin embargo, como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, entre los gobiernos municipales de Coahuila −particularmente los más grandes− se ha venido generado una “cultura de la opacidad” consistente en ocultar la información relativa a los contratos.

En efecto, en las páginas de transparencia de los gobiernos municipales de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña resulta imposible encontrar los documentos en los cuales se consignan las obras o servicios contratados, las condiciones de pago y demás cláusulas típicas de un contrato.

Lo más llamativo del caso es que, pese a incumplir con una obligación legal −que además es una “obligación mínima”−, los gobiernos de los cinco municipios mencionados han obtenido del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) calificaciones perfectas −o casi− en materia de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

¿Por qué se otorga una calificación perfecta a las administraciones de Saltillo, Torreón y Piedras Negras cuando no cumplen siquiera con el mínimo establecido en la normatividad vigente?

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Cabría esperar que el ICAI ofrezca una explicación creíble ante el cuestionamiento anterior, pues la única explicación que se antoja posible es que realmente no se revisa el cumplimiento cabal de las obligaciones de transparencia, sino apenas que se dé la apariencia de ello.

En este sentido es importante recordar que el incumplimiento en la promesa de que la transparencia serviría para combatir la corrupción es lo que provoca que, ante los intentos de desmantelamiento de las instituciones del ramo, la población coincida en que no son útiles.