Hacia una justicia más lenta y dilatada

En su artículo 17, la Constitución les hace la siguiente advertencia y promesa a los mexicanos:

“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

Nuestra Constitución nos garantiza una salida eficaz cuando reclamemos justicia frente a la injusticia. Es la promesa que nos da civilidad y orden como sociedad e inhibe la anarquía que prevalecería si cada uno la buscara por sus propios medios. Sabemos que la realidad está muy lejos de dicho postulado. No es el único tema en el que nuestro máximo ordenamiento jurídico queda en mera promesa, pero sí es el que más daño nos hace como comunidad. Si los mexicanos no podemos dirimir nuestras diferencias ni reparar el daño que unos infligen sobre otros, sean estos el poder público o los particulares, ¿de qué sirve todo lo demás?

En materia penal, el 93 por ciento de los delitos no se denuncian y el 40 por ciento de los detenidos no tiene una sentencia condenatoria. Y luego está la cifra que debería dejarnos helados a todos: el 99 por ciento de los delitos queda en la impunidad. Miles de millones de pesos tirados a la basura y una sociedad en la que impera el crimen y la justicia es inexistente. El problema no se limita a lo penal. En materia civil, laboral y administrativa, el rezago supera el 50 por ciento de los casos que se encuentran en revisión, en algunas áreas más que en otras.

Ahora sí, para explicar el título de esta colaboración: la cosa se pondrá peor, mucho peor. Se trata de un fenómeno que puede transformar por completo el problema y multiplicarlo.

El semanario inglés The Economist ha llamado recientemente la atención sobre el crecimiento de lo que algunos comienzan a denominar “vibe lawyering”: personas que, sin ser abogados y, en ocasiones, sin contratar a uno, utilizan herramientas de inteligencia artificial para redactar demandas, contestaciones, recursos, reclamaciones y todo tipo de promociones judiciales. En Estados Unidos y el Reino Unido, la cantidad de documentos presentados en determinados litigios por personas que se representan a sí mismas habría crecido de manera exponencial desde la aparición de la inteligencia artificial.

Durante siglos, el acceso a los tribunales tuvo una barrera natural: el costo. No solamente el dinero necesario para contratar a un abogado, sino también el conocimiento indispensable para identificar un derecho, determinar ante qué autoridad reclamarlo, conocer los plazos, redactar una demanda, contestar una prevención, ofrecer pruebas o preparar un recurso.

Hoy, la inteligencia artificial ya puede hacer mucho de eso y pronto tendrá mejores razonamientos que cualquier ser humano. Una persona puede hoy narrarle a una computadora que su arrendador no le devuelve un depósito, que su patrón no le pagó una prestación, que una autoridad le impuso una multa o que alguien incumplió un contrato, y obtener, en cuestión de minutos, un borrador razonablemente elaborado de una demanda o de un recurso. Todo ello acompañado de instrucciones precisas sobre qué hacer con ese documento, a dónde llevarlo y el proceso detallado de la espera.

Esto representa, desde luego, una formidable oportunidad para ampliar el acceso a la justicia. Pero contiene también una paradoja: mientras el costo marginal de producir litigios está cayendo vertiginosamente, el costo de resolverlos prácticamente no ha cambiado. Una inteligencia artificial puede redactar en cinco minutos una demanda de decenas de páginas, pero este documento deberá ser recibido por un tribunal, registrado, turnado, leído, estudiado, acordado y, eventualmente, resuelto por seres humanos. Después vendrán notificaciones, nuevas promociones, incidentes, pruebas, recursos y sentencias. La máquina puede producir 100 escritos en el tiempo en que un juzgado difícilmente puede estudiar uno.

Se trata de una contradicción histórica: se democratiza la posibilidad de reclamar justicia sin haber aumentado, en la misma medida, la capacidad institucional para impartirla. El rezago se multiplica, los ciudadanos esperan justicia y el Estado responde lento, muy lento.

Estábamos mal antes de la última reforma judicial. La salida de muchos juzgadores experimentados y la llegada de otros nuevos, con distintos incentivos, empeoraron la situación. El arribo de la inteligencia artificial y las nuevas posibilidades de ejercer estos derechos elevarán la carga y los costos de los poderes Ejecutivo y Judicial, tanto en el ámbito federal como en el estatal.

Mientras tanto, las empresas o personas, cuando sean demandadas, algo tendrán que responder, y esas respuestas les van a costar mucho dinero en un proceso que tardará demasiado.

Facebook: Chuy Ramírez