‘Huachicol’: ¿quién le va a poner freno en Coahuila?

Se ha dicho hasta la saciedad: el fenómeno del “huachicol”, es decir, el robo y comercialización de combustibles, constituye uno de esos fenómenos que resulta imposible de explicar sin la existencia de redes de corrupción que, de forma necesaria, incluyen a servidores públicos de todos los órdenes de gobierno.

Y es que no puede entenderse de otra forma el que operen en el país auténticas “empresas”, con operaciones gigantescas, a través de las cuales se comercializan millones de litros de gasolina y diésel −que es robado a la empresa estatal Petróleos Mexicanos− sin que las autoridades parezcan siquiera notar su actividad.

TE PUEDE INTERESAR: Las calles de Saltillo son cada vez más peligrosas

Esta realidad es la que explica también que, en entidades como Coahuila, el negocio del “huachicol”, lejos de estar en retroceso −como lo señala el discurso oficial−, se encuentre en pleno “florecimiento”, pues el número de tomas clandestinas detectadas no ha hecho sino aumentar entre 2019 −año de inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador− y el 2024.

Tan sólo la semana pasada, como se ha informado con oportunidad, autoridades federales informaron de la incautación de dos millones de litros de combustible robado en Saltillo. Quienes tenían ese combustible formarían parte de una amplia red delincuencial que opera más allá del territorio de Coahuila.

Las cifras son frías y crudas. Como lo informamos en el reporte que aparece en esta edición, el número de tomas clandestinas detectadas en territorio coahuilense se multiplicó por cinco entre 2019 y 2024. De hecho, más de una tercera parte de las 2 mil 464 tomas detectadas en dicho periodo corresponden al año 2024, lo cual habla del agravamiento de la situación.

Lo hemos señalado antes, pero habrá que repetirlo: ¿por qué la estadística dibuja a Coahuila como una suerte de “paraíso del huachicol”? ¿Qué hace de nuestra entidad un territorio privilegiado para las organizaciones que se dedican a esta ilícita actividad?

Quienes tienen a su cargo la persecución e investigación de los delitos deberían tener respuestas concretas a los cuestionamientos anteriores, pero, sobre todo, tendrían que haber diseñado, a estas alturas, una estrategia orientada a revertir tal realidad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: entre 2019 y 2024, se dispara huachicol... ¡558%!

Una vez más: si ello no ha ocurrido, la mesa queda puesta para la especulación y ello se traduce sólo en una cosa: la invitación a considerar, como hipótesis principal, el que las organizaciones delincuenciales dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles gozan de la protección de quienes debieran combatirles.

Ha pasado un sexenio completo desde que el Estado mexicano le declaró la guerra al huachicol y, pese al discurso oficial, no parece que sea una lucha que estemos ganando. Y si ello no ha ocurrido, solamente se antoja como explicación factible que tal actividad se realiza en connivencia con la autoridad. Está en las manos de esta última contradecir, con hechos, el planteamiento.