INAI: La información es un bien público que está a punto de ser pulverizado

La información es un bien público. No le pertenece a un particular, a una oficina, a una secretaría, a un presidente o a un gobierno. Le pertenece a la ciudadanía.

Contar con información, se ha dicho muchas veces, es contar con poder para la toma de decisiones. Contar con información democratiza la vida diaria. Contar con información aumenta la calidad de vida y enriquece el diálogo y los consensos.

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Poseer información pública representa un contrapeso frente a los gobiernos y es combustible para defender otros derechos.

La semana la terminamos con la triste y preocupante noticia de que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la desaparición de siete órganos autónomos y reguladores, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), institución que, con sus fallas e imperfecciones, ha ayudado a la construcción de democracia, a descubrir abusos o actos de corrupción, a exigir la rendición de cuentas de quien está obligado a rendir.

Es lamentable saber que poca gente conoce, sabe o mucho menos hace uso del ejercicio del derecho a la información. Eso, quizá, hace que no se dimensione lo que significa eliminar al INAI.

Desde hace más de una década he sido un fervoroso practicante del derecho de acceso a la información a través de las diferentes herramientas o plataformas que se han puesto a disposición.

A través de este ejercicio he podido informar sobre múltiples temas: la crisis forense en el tema de las desapariciones en Coahuila, los gastos superfluos en camionetas blindadas, los gastos oprobiosos en talleres, cursos o bienes informáticos, las irregularidades en firmas de convenios, el derroche en renta de aeronaves, el abuso de figuras legales como el procedimiento abreviado, la simulación que fue la mudanza de Nacional Financiera a Torreón, los beneficiarios fantasma de programas de gobierno, los fraudes en la construcción de plantas tratadoras de aguas negras o de filtros antiarsénico para La Laguna, las mentiras de funcionarios, los conflictos de interés no reportados a la hora de dar contratos y un sinfín de historias.

Y así como yo, muchos otros colegas, académicos, investigadores o ciudadanos en general, han aprovechado este órgano autónomo para informarse, para investigar, para conocer, para hacerse de un bien que nos pertenece. Pero ahora ese órgano se busca extinguir y con ello arrebatar un bien público.

De por sí se cuenta con pocas formas para obtener información que en muchas ocasiones quiere ser oculta, por lo que de concretarse la desaparición, sería un retroceso a los derechos.

AL TIRO

El viernes pasado fue un viernes negro. Pero lo peor es que, de continuar, no será sólo un viernes. Será algo más que eso, sobre todo al periodismo que busca dar a conocer lo que se intenta esconder. Habrán pulverizado un derecho de todos los ciudadanos.

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Olvidémonos de saber cómo se manejan los recursos públicos, cómo gastan los gobernantes, a quién le entregan contratos, qué compras hacen. Se acabó. No habrá más herramientas para fiscalizar al poder y todo quedará a expensas de otros caminos.

No habrá forma de contener al poder público, de limitar los excesos en el ejercicio del poder. La información dejará de ser un bien público y será controlada a conveniencia.