Informe de Manolo Jiménez: Sugerencia de seguridad para Coahuila

Opinión
/ 4 diciembre 2024

Es de suma importancia construir un modelo de seguridad pública que arrope y proteja al coahuilense sin distingo de género o clase social

Los informes anuales de cualquier autoridad en formato ejecutivo o largo, con música juvenil o sin ella, siempre abren ventanas de oportunidad para mejorar el trabajo de dicha autoridad el año siguiente.

En esta entrega sugiero mejoras en un tema central: la seguridad pública para ser abordada de manera integral y más profunda.

Seguridad pública. Coahuila ocupa el tercer lugar de seguridad a nivel federal, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE-INEGI: 2024) que analiza datos de 2023.

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De acuerdo con el informe de Manolo Jiménez Salinas (MJS), el Gobierno estatal invirtió “más de 3 mil 500 millones de pesos en las operaciones relacionadas (no especificadas) con la seguridad”.

Oportunidad: En este momento, la seguridad pública de Coahuila ocurre en dos universos paralelos: uno, el que aporta las cifras que otorgan a nuestro estado un lugar privilegiado en seguridad como lo confirman −prácticamente− todos los indicadores de ENVIPE-INEGI 2024. Y para el cual, MJS ha trabajado de manera focalizada y responsable.

Y dos, el que ocurre de manera subterránea, pero cotidiana en distintas partes del estado: por ejemplo, “Parras, General Cepeda y Torreón son puntos críticos del huachicoleo, un delito que causó millonarias pérdidas y aumentó un 188 por ciento en 2024”.

¿Dónde ocurre −mayormente− la distribución, comercialización y posesión de drogas en general, y del cristal o el fentanilo en particular? En colonias populares y comunidades rurales. Por ejemplo: por primera vez en Coahuila, 120 dosis de fentanilo fueron incautadas (Secretaría de Seguridad Pública: 02-12-2024). Y “la incidencia del consumo de cristal aumentó 10 por ciento en los ejidos, una cifra que crece todos los días” (El Coahuilense: 01-11-2024).

En las colonias existen todavía maquinitas de apuestas y en los ejidos ocurren carreras clandestinas de caballos y de gallos.

Los conflictos intervecinales también suceden −la mayoría de las veces− en esos espacios: sólo en Saltillo, 38.8 por ciento de los saltillenses experimentó ese tipo de conflictos para ubicar a nuestra ciudad “por encima de la media nacional de 32.8 por ciento” (ENSU: 2024).

En el caso de la violencia contra la mujer, las estadísticas también señalan una mayor ocurrencia en colonias populares y comunidades rurales. Por ello, es urgente diseñar políticas públicas que complementen la creación de la fiscalía especializada contra delitos de la mujer y la niñez para “crear nuevas estructuras familiares que promuevan (la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres)” y reduzcan este dato brindado por la misma secretaria de la Mujer en Coahuila: “siete de cada diez mujeres han experimentado violencia a lo largo de sus vidas”. La dimensión punitiva es necesaria pero no suficiente.

En ese mismo sentido, urgen políticas públicas focalizadas en reducir los índices de feminicidios porque este 2024 aumentaron un 63 por ciento en comparación a 2023 (VANGUARDIA: 13-11-2024). Dichas políticas deben estar enhebradas con la Secretaría de la Mujer, los 38 municipios y sus respectivos institutos locales de la mujer.

Dada la extraordinaria coordinación entre fuerzas policiales estatales, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, ¿no podría ser posible edificar un modelo de seguridad pública sistémico que unifique los dos universos paralelos?

Porque, aunque bien agradecida es la ausencia de secuestros, balaceras en las calles, agresiones armadas contra edificios policiales, cuerpos colgando de los puentes o arrojados en la calle y la presencia física de integrantes del crimen organizado, también es de suma importancia construir un modelo de seguridad pública que arrope y proteja al coahuilense sin distingo de género o clase social.

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Porque el segundo universo, el subterráneo, del que se conoce y publica poco y es ignorado por las clases medias y altas, impacta de manera letal a las clases más desfavorecidas ubicadas en las colonias populares y las comunidades rurales.

Igual, como solía ocurrir en el siglo pasado, cuando el poder político ejercía un control estricto del crimen organizado y era posible decir: “mientras todo lo feo ocurra por debajo de la mesa, no hay problema, todo está bien. Podemos seguir comiendo con tranquilidad”.

Hoy, MJS tiene una gran oportunidad para ampliar y profundizar un modelo de seguridad pública ejemplar a nivel nacional.

Esperemos a ver.

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