Inundaciones en Saltillo, un concurso de omisiones

Se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos posibles, pero habrá que reiterarlo en cada ocasión que resulte necesario: las inundaciones que sufre Saltillo son producto de la suma de, al menos, un par de factores: la ambición de los especuladores de la tierra y la acumulación de malas decisiones por parte de quienes han tenido a su cargo el Gobierno Municipal.

Los primeros han privilegiado −de manera acrítica y sin una pizca de responsabilidad social− su interés económico personal y, a partir de ello, empujado para que las autoridades les permitan fraccionar y vender lotes de terreno de alta plusvalía sin hacerse cargo de las inversiones requeridas para evitar los problemas que hoy atestiguamos.

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Los segundos han actuado reiteradamente en contra del interés público, obviando la obligación que las leyes les imponen en términos de la vigilancia del adecuado desarrollo de la mancha urbana. Por corrupción, por ignorancia o por incompetencia −o por todo junto−, la autoridad municipal ha permitido la reiterada violación de las reglas de desarrollo urbano.

Conviene aquí aclarar un aspecto central: nadie puede estar en contra de que los propietarios de predios −en cualquier área de la ciudad− inviertan en desarrollos inmobiliarios y que, derivado de ello, ganen dinero. Eso no puede −ni debe− ser un problema.

Lo que resulta inadmisible es que quienes hacen negocios de este tipo no inviertan lo necesario −a lo cual están obligados− para asegurarse que, cuando se registren lluvias, las áreas donde realizaron tales desarrollos no se inunden.

Peor aún: resulta inadmisible que las omisiones de las autoridades hayan permitido, a lo largo de varias décadas, que los desarrolladores inmobiliarios maximizaran sus ganancias en tales proyectos y ahora se pretenda que los problemas causados por esas decisiones se resuelvan con dinero público.

Tal pretensión actualiza la crítica que se ha realizado largamente al modelo económico de mercado: privatiza las ganancias, pero socializa las pérdidas.

La pretensión señalada es aún menos válida cuando la historia de las decisiones tomadas puede reconstruirse fácilmente y ello permite identificar, sin lugar a dudas y con nombre y apellidos, a quienes han estado de uno y otro lado de la mesa en este juego de pérdidas colectivas.

En otras palabras, es muy fácil identificar a quienes, desde el lado de los especuladores, se han enriquecido largamente con el desarrollo de áreas en las cuales no se realizaron las obras necesarias para evitar inundaciones y también es fácil saber quiénes, desde las dependencias públicas, han incumplido su función de vigilar el adecuado desarrollo de la ciudad.

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No existe razón alguna para que este aspecto de la realidad de Saltillo se pase por alto y la ciudadanía tiene derecho a exigir que se realice un ejercicio para el deslinde de responsabilidades antes de invertir dinero público en la ejecución de soluciones a problemas que pudieron y debieron evitarse.

Pasarle a la ciudadanía la factura por la corrupción e incompetencia gubernamentales es una afrenta que no se puede tolerar más.