La clave para una economía justa basada en la IA es la reforma tributaria global

Por Zorka Milin, Project Syndicate.

WASHINGTON, DC- El veloz avance de la inteligencia artificial y el rechazo popular que genera dan nueva urgencia a una vieja pregunta: ¿cómo usar la innovación tecnológica para promover un crecimiento económico equitativo mitigando al mismo tiempo los perjuicios sociales y ambientales? Y en todos los niveles (nacional y mundial), la respuesta pasa por la fiscalidad corporativa.

El temor a la IA tiene menos que ver con inquietudes filosóficas que con los efectos sociales. Las ganancias financieras están cada vez más concentradas en un puñado de empresas y en sus accionistas, mientras el resto de la sociedad asume los costos (desde la pérdida de puestos de trabajo hasta el encarecimiento de la energía). En las sociedades democráticas, los impuestos son el principal mecanismo para convertir las ganancias privadas en beneficios públicos; cuando ese mecanismo falla, el rechazo es inevitable.

La justicia distributiva también es una inquietud importante en el plano internacional. Mientras en el norte global la preocupación principal es el fuerte rechazo popular a la IA, en el sur global, los drásticos recortes en la ayuda al desarrollo generan una necesidad urgente de movilizar flujos tributarios locales desde las empresas multinacionales (en particular, las tecnológicas). Ambos problemas tienen un mismo origen: cuando las empresas trasladan sus ganancias desde los países donde las generan a paraísos fiscales, todos los gobiernos pierden ingresos.

La digitalización de la economía mundial ha puesto de manifiesto la insuficiencia del sistema tributario internacional: nunca ha sido tan evidente como hoy la necesidad de romper con el statu quo. La IA potencia la tendencia a la desvinculación entre el valor imponible y la presencia física de las empresas (condición tradicional para que un país tenga derecho a cobrarle impuestos). Los datos para el entrenamiento de los modelos, la capacidad de cómputo y la propiedad intelectual pueden estar repartidos entre numerosas jurisdicciones, lejos de donde están los trabajadores o los usuarios, una divergencia que anima el debate sobre dónde se está creando valor.

Las megatecnológicas multinacionales con sede en Estados Unidos (algunas de las cuales van a obtener grandes beneficios de la revolución de la IA) han creado un manual que empresas como OpenAI y Anthropic podrían usar. Como sus ganancias se generan sobre todo a partir de activos intangibles (por ejemplo, software), pueden manipular viejas normas para trasladar esas ganancias a paraísos fiscales y pagar así tipos impositivos mínimos. No es de extrañar que tantas megatecnológicas estén envueltas en disputas impositivas.

Por ejemplo, una investigación del Senado de los Estados Unidos (2013) y otra de la Comisión Europea (2016) revelaron que Apple trasladó gran parte de sus miles de millones de dólares en ingresos globales hacia sus filiales irlandesas, que a continuación pudieron pagar un 0.005 % por las ganancias de Apple registradas en Europa. El escándalo llevó a las autoridades de la Unión Europea a ordenar que Apple pagara a Irlanda 13 mil millones de euros (15 mil millones de dólares) en impuestos atrasados y provocó una importante reforma tributaria internacional en la OCDE.

Las dificultades a la hora de gravar las ganancias de las empresas digitales sólo se pueden resolver con una reforma del sistema tributario internacional. En respuesta a la competencia despiadada entre países por atraer empresas bajando impuestos, se han introducido valores mínimos en los niveles nacional y global. Estados Unidos aprobó en 2022 un impuesto corporativo mínimo alternativo, pero después de eso el mecanismo se desvirtuó. Lo mismo ocurre con el impuesto corporativo mínimo mundial adoptado dentro del Marco Inclusivo de la OCDE y el G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, por el que se planeaba reasignar los derechos de tributación desde los países donde están radicadas las empresas a aquellos donde desarrollan sus actividades, un cambio que está estancado.

Diversos grupos defensores de la justicia tributaria han criticado la sentencia judicial sobre Apple y las reformas de la OCDE por no tener en cuenta los intereses de los países en desarrollo. Para crear un sistema más justo y predecible, los gobiernos africanos han propuesto un Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional con el patrocinio de Naciones Unidas, propuesta que se está negociando en Nueva York.

En cualquier caso, el mundo necesita un marco tributario multilateral sólido y duradero (ya sea en la ONU, la OCDE u otro ámbito) que permita capturar el valor de la actividad económica basada en IA allí donde se produzca. Pero un impuesto corporativo mundial mínimo y la reasignación de los derechos de tributación (medidas ambas que son necesarias) no ayudarán a los gobiernos a cobrarles impuestos a las empresas de IA en lo inmediato, ya que muchas de ellas todavía no han generado beneficios que se puedan gravar. Por eso cada vez más jurisdicciones contemplan la introducción de impuestos sobre los servicios digitales (DST) basados en los ingresos brutos en vez de los ingresos netos.

Ya hay más de 20 países que contemplan o ya han aprobado la aplicación de DST; esto llevó a los Estados Unidos a amenazarlos con represalias arancelarias. Además, diversas versiones de esos impuestos ya están en vigor o se han propuesto en varios estados de los Estados Unidos. En todos estos casos, las autoridades comprenden que los DST son una válvula de escape importante, tanto en el nivel mundial como en el subnacional.

Sin ser un sustituto a largo plazo para una reforma de un sistema tributario mundial obsoleto, los DST al menos ofrecen una solución provisional. Actúan como «prueba de concepto», al normalizar la idea (otrora considerada radical) de que los derechos de tributación deben reflejar la ubicación de los usuarios, no sólo el lugar donde las empresas deciden constituirse o hacer maniobras contables. Tal vez los DST no sean la solución definitiva, pero constituyen un primer paso importante y necesario hacia un orden tributario internacional más justo.

Los DST y otras reformas tributarias multilaterales más amplias reciben críticas de expertos y políticos cortos de vista que insisten en defender el statu quo, sin admitir que es fiscal y políticamente insostenible. Ya lo era antes de la llegada de la IA, pero la difusión de esta tecnología lo vuelve más evidente.

Si los beneficios de la IA se someten a la misma arquitectura tributaria global que con sus asimetrías permitió una tributación insuficiente de las actividades digitales, es muy probable que el poder desmesurado de las megatecnológicas siga creciendo. También existe riesgo de que la resistencia a la IA se convierta en una crisis de legitimidad, con lo que la sociedad se perdería la oportunidad de aprovechar sus posibles beneficios. La fiscalidad corporativa es el campo de batalla en el que se ganará o se perderá la confianza pública en esta nueva tecnología y en las instituciones de gobierno. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Zorka Milin es codirectora de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (FACT).