La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Coahuila, una institución modelo para el país

En mayo del 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir de la obligación constitucional de crear las instituciones encargadas de atender a las víctimas en un contexto de violaciones graves a sus derechos. En las últimas décadas, la violencia generalizada en el país generó un movimiento nacional de víctimas. En Coahuila se construyó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Coahuila (CEAV Coahuila). Desde entonces, la institución ha acompañado, de acuerdo con sus posibilidades presupuestales, a las personas en situación de víctima por delitos o violaciones a Derechos Humanos, conforme a las mejores prácticas que hemos implementado para asegurar su atención inmediata, asesoría jurídica, registro y reparación integral.

No es sencillo. Es una situación compleja tratar de resolver las diferentes consecuencias e impactos negativos que se generan con motivo de la afectación de los derechos de las personas. Se requiere mucho compromiso, profesionalismo y honestidad para brindar un servicio público adecuado para las personas en situación de víctimas. Esta administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha reforzado a esta institución para contar con coordinaciones en los municipios de Monclova, Torreón y Piedras Negras. Este compromiso gubernamental ha sido fundamental para esta institución, mismo que ha sido reconocido por otras entidades federativas del país a la hora de comparar su realidad local. Desde la creación de la CEAV Coahuila a la fecha, contamos con un registro de 13 mil 787 personas en situación de víctimas directas e indirectas.

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En lo que va de este sexenio se han otorgado más 5 mil 75 medidas de ayuda inmediata y se ha acompañado en forma psicosocial y de manera permanente, por la Dirección de Atención Inmediata de esta institución. La ayuda inmediata a las víctimas es fundamental. Así mismo, durante este sexenio se documentó por la Dirección de Asesoría Jurídica un total de 9 mil 269 expedientes activos en todo el Estado y se atendieron un total de 8 mil 906 audiencias. No es sencillo darle cobertura a toda la demanda de asesoría jurídica, pero de acuerdo con nuestras posibilidades reales nuestras personas asesoras son defensoras comprometidas y honestas con la defensa de las víctimas. Por la dificultad real de atender todas las situaciones, la Comisión Estatal de Víctimas, desde su creación, generó un programa prioritario que se enfocara en la atención a familiares de violaciones graves. Con el Programa Estatal de Derechos Humanos 2017-2023 del Ejecutivo, se ha realizado un trabajo de colaboración interinstitucional permanente con las diversas secretarías, dependencias e instituciones del Estado.

Coahuila se ha destacado por su modelo de atención en favor de las víctimas de familiares de personas desaparecidas en este Estado, mismo que ha sido único en el país. El Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade) es una política pública impulsada por los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila; por acompañantes de asociaciones civiles y por el Gobierno del Estado, que buscan garantizar de manera integral los derechos de los familiares con motivo de la desaparición de personas.

Por acuerdo de las familias y el Ejecutivo, la CEAV Coahuila ha sido la encargada de implementar, operar y ejecutar dicho programa, mismo que cuenta con diversos documentos normativos que se han venido construyendo y reformando en una mesa de trabajo, a través de un comité técnico, en la que participan las propias familias de los diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, por instituciones del estado, por asociaciones civiles y por representantes legales conforme a las reglas de operación que rige el programa.

De esta forma, los recursos que son asignados por el Ejecutivo del Estado para garantizar diversos derechos como: alimentación, salud, educación, empleo, vivienda y acceso a la justicia son debidamente informados y transparentados a los diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila; dichos recursos también son auditados. Este programa ha sido reconocido por otras comisiones de atención a víctimas de diferentes entidades federativas que ven con interés de poder replicar el modelo en sus estados. Desde la creación del Profade se han atendido mil 501 familiares y 499 núcleos familiares. Se han otorgado 5 mil 434 apoyos.

El papel de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de crear políticas públicas es de su interés, por ello esta comisión ha venido participando en el programa comunitario integral con enfoque educativo y de salud mental para niñas, niños y adolescentes familiares de personas desaparecidas convocado por diversas instituciones entre ellas: la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), en conjunto con la Universidad Carolina y la Universidad Vizcaya de las Américas. Este programa es de suma importancia que sea trasladado a una política pública permanente para que sean más niñas, niños y adolescentes beneficiados en Coahuila. Sin duda, estos años se avanzaron con la plena responsabilidad que asumió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para esta institución, quien siempre brindó respaldo y apoyo en todo momento.

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Vienen nuevos retos y desafíos de esta institución a partir de un nuevo periodo gubernamental que encabezará el gobernador electo, Manolo Jiménez, que ha expresado su compromiso con las familias para seguir consolidando la política pública de atención a las víctimas. En sus primeros 100 días, el gobernador entrante presentará su plan de trabajo para enfrentar de manera adecuada los retos que esta institución tendrá en los próximos años.

Afortunadamente, en Coahuila hay diálogo, hay trabajo, hay compromiso, hay acuerdos y hay personas profesionales comprometidas para construir agendas en favor de la protección de los Derechos Humanos. Ha sido para mí un gran honor acompañar durante estos seis años de gobierno al gobernador Miguel Ángel Riquelme en su deber de atender en forma profesional a las personas que el Estado debe atender en forma adecuada para resolver los daños que sufren en su dignidad humana.

La autora es presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH