La importancia de ‘El Tanque’... ¿una bala de plata contra el obradorismo?

De manera esquemática, como suele hacerlo casi todas las mañanas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó ayer de un nuevo operativo. Detuvieron el lunes a Iván Cazarín, “El Tanque”, en Zapopan, dijo, frío, con un lenguaje cáustico, donde apenas dejaba asomar su palmarés criminal la densidad del personaje dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Harfuch le regateó méritos malvados, reduciendo a unas cuantas palabras algunas de las acciones que más daño han causado a las fuerzas de seguridad mexicanas –como el derribamiento en 2015 de un helicóptero Cougar con un misil tierra-aire, donde murieron ocho militares y una policía federal que perseguían al entonces líder de la organización, Nemesio Rubén Oseguera, “El Mencho”– y casi escondiendo en otra frase –su vinculación a robo de hidrocarburos– la dimensión política de la captura.

“El Tanque” no es otro delincuente, ni uno más de los jefes del cártel de las cuatro letras, sino una de las figuras más temidas en el sur del país, donde era el responsable regional de las actividades criminales desde Veracruz hasta Chiapas. Además, es el autor material de la expansión de la banda criminal hacia la frontera con Guatemala, una zona donde, con el apoyo de gobernadores y altos funcionarios de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue conquistando territorio que antes había pertenecido a la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el Cártel de Sinaloa.

Por medio de “El Tanque”, el cártel se quedó con el control total de Tabasco, una buena parte del territorio de Chiapas y avanzó en Oaxaca, estado donde su última expresión pública fue la penetración y reclutamiento de la estructura municipal en Juchitán y de funcionarios del gobierno de Salomón Jara. En Tabasco incorporó a su estructura a La Barredora, la organización criminal que nació bajo el amparo del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, que sirvió como cabeza de playa para la expansión en el sur del país y el aceleramiento de delitos –todos mencionados igualmente por García Harfuch ayer–, como la extorsión, tráfico de drogas, privación de la libertad, lavado de dinero y robo de hidrocarburos.

No incluyó el secretario otros presuntos delitos denunciados en investigaciones periodísticas, como su involucramiento en tramos de la construcción del Tren Maya, a través de Luis Alberto Olán Aparicio, hermano del buscado Jorge Amílcar Olán Aparicio, que tiene la llave para todos los negocios oscuros y presuntamente ilegales de los hijos de López Obrador, Andrés y Gonzalo López Beltrán, y del Grupo Tabasco. La relación de los hermanos Olán Aparicio fue revelada por una serie de grabaciones telefónicas que salieron recientemente a la luz pública, en las que Jorge Amílcar presume la relación de su hermano Luis Alberto con “El Tanque”. Con él detrás, no había grupo criminal local o regional que no se doblara ante uno de los jefes más importantes y violentos del CJNG.

La participación de “El Tanque” y del CJNG en las actividades delictivas en toda esa región fue en buena parte a través de La Barredora, el grupo criminal fundado y dirigido por Hernán Bermúdez Requena desde su cargo como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, nombrado por el entonces gobernador López Hernández y ratificado por su sucesor –cuando López Obrador lo nombró secretario de Gobernación–, Carlos Merino, actualmente director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En septiembre de 2024, durante la administración de Joe Biden, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a nueve personas y 26 empresas mexicanas ligadas a una cadena de combustible robado en Jalisco y Veracruz, donde “El Tanque” era la figura central. Cuatro de las acusaciones que en ese entonces hizo el gobierno de Estados Unidos fueron retomadas ayer por García Harfuch al dar a conocer los presuntos delitos por los que se le detuvo en Zapopan. Dichos cargos habían sido ignorados por el gobierno de López Obrador, pese a las alertas de Washington y a que la Unidad de Inteligencia Financiera había colaborado con la DEA aportando información.

La omisión en ese sexenio no se puede entender a cabalidad sin conocer que las investigaciones federales en curso en Estados Unidos sobre Bermúdez Requena y La Barredora señalan que el exsecretario de seguridad de Tabasco, actualmente preso en El Altiplano, era un instrumento de figuras importantes del régimen que lo habían respaldado. Las pesquisas apuntan a López Hernández (a quien ya le cancelaron la visa para ese país); al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez (que tampoco cuenta con visado); y a un racimo de funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, así como operadores políticos de Morena. Durante meses, el gobierno de Donald Trump pidió a México que iniciara un proceso en su contra para llevarlos a declarar ante el Ministerio Público y deslindar responsabilidades, pero Sheinbaum siempre se negó.

“El Tanque” había sido un objetivo del gobierno de Estados Unidos desde hace más de dos años por el robo y distribución de combustible. Comenzó en ese delito perforando oleoductos y almacenándolo en Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García, a quien impuso en el poder López Obrador, quien tiene una estrecha relación con él. Ese combustible lo vendía en Jalisco y Veracruz –donde operaba una red de gasolineras–, en el sur de Texas y en Centroamérica.

Las autoridades estadounidenses señalaron hace casi dos años que sus multimillonarias ganancias fortalecían su capacidad para traficar fentanilo a Estados Unidos. No obstante, la principal organización que enviaba de manera ilegal esta droga a ese país eran Los Chapitos, cuyo responsable era Ovidio Guzmán López, quien contaba con el respaldo de Palacio Nacional en sus principales niveles y ahora es testigo cooperante de los fiscales estadounidenses que preparan una especie de maxiproceso contra el gobierno de López Obrador.

Las actividades delictivas de ambas facciones criminales no son excluyentes. En la guerra fratricida que vive el Cártel de Sinaloa, el CJNG ha respaldado a Los Chapitos, e incluso ha dado refugio y protección en Jalisco a Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, medios hermanos de Ovidio y Joaquín.

A cambio, se ha quedado con varias de sus más importantes plazas en México y Centroamérica, y renovado, sin que exista un acuerdo escrito, sino en los hechos, sus lazos con una parte importante del círculo íntimo de López Obrador, que haría de “El Tanque”, si lo juzgaran realmente o lo extraditaran, la bala de plata contra el obradorismo en el sur del país.

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