La muerte de ‘Rufián’

Después de la movilización por el envenenamiento de cuatro mascotas en la colonia Condesa, no cabe duda de que las autoridades capitalinas pueden llevar a cabo acciones exitosas e inmediatas cuando se lo proponen. En cuestión de días, la alcaldía Cuauhtémoc desplegó a su personal, la policía peinó la zona, la fiscalía inició investigaciones, los peritos actuaron y el monitoreo de las cámaras del C5 permitió la detención de un sospechoso.

Estas acciones deberían ser el estándar ordinario en cualquier sociedad civilizada; condenar el maltrato animal es un imperativo categórico. El problema de fondo no radica en que se investigue y se castigue la muerte de las mascotas, sino en la perversa selectividad de esta eficacia. Asistimos a un escenario nacional donde la justicia opera a velocidad récord ante emergencias que se vuelven virales en zonas de alta visibilidad, pero se diluye vergonzosamente frente a tragedias humanas de dimensiones insondables.

De acuerdo con Data Cívica, hasta agosto de 2026 existían 133 mil 788 personas desaparecidas en el país, una crisis marcada por deficiencias de investigación y miles de cuerpos humanos sin identificar bajo la indolente custodia del Estado. Mientras el envenenamiento de animales activa protocolos inmediatos, el dolor de las madres buscadoras recibe, como respuesta oficial, burocracia, acusaciones de manipulación y desdén institucional.

El contraste es brutal. En septiembre, un colectivo en Michoacán halló mil 600 dientes de leche en un crematorio clandestino en Zacapu; la respuesta de la fiscalía fue negar tener registro del hallazgo, arrinconando el debate a un mero trámite burocrático. El 6 de octubre en Culiacán, las madres esperaron 20 horas para que las autoridades acudieran a resguardar el hallazgo de una fosa con restos humanos. Además, cuando estas mujeres intentan pedir audiencia en Palacio o en las sedes gubernamentales, sólo encuentran vallas, puertas cerradas y descalificaciones sistemáticas.

Esta aberración tiene una raíz vergonzosa: el cálculo utilitarista del poder. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, cualquier evento que movilice a la opinión pública adquiere peso electoral inmediato. La muerte de Rufián generó tal indignación en redes sociales que la inacción oficial habría resultado demasiado visible y políticamente costosa.

Por el contrario, la tragedia de las desapariciones representa un pasivo publicitario incómodo. La clase política atiende con premura lo que le reditúa en las tendencias digitales, pero oculta e ignora aquello que evidencia el colapso de la seguridad pública. A este desdén se suman los ataques desde el poder, como el del 27 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum acusó a Amnistía Internacional de estar cooptada por opositores, luego de que evidenciara en su informe “Desaparecer otra vez” los obstáculos que enfrentan en México las mujeres buscadoras.

Una vieja sentencia dicta que, cuando lo que se dice no corresponde con lo que se ve, hace falta taparse los oídos y mirar. Y lo que se observa en la triste realidad mexicana es que, para el Estado, los niños tienen menos derecho a la justicia que los canes, no merecen campañas mediáticas urgentes ni que los gobernantes se muevan y les dediquen atención.

No minimizamos la muerte de Rufián, pedimos que los responsables del envenenamiento enfrenten la ley, pero resulta inadmisible que una clase política capaz de desplegar su fuerza por cuatro mascotas criminalice, ignore y deje en el abandono a madres que desentierran a menores de edad.

La eficacia del Estado no debería ser un privilegio reservado a la rentabilidad electoral; la exigencia de justicia debe permanecer inquebrantable cuando se apaguen las cámaras, cuando pasen las elecciones y cuando las madres vuelvan, en la más cruel de las soledades, a buscar a sus hijos en esa inmensa fosa clandestina en la que han convertido al país.

Notario y exprocurador de la República