La UIF, al servicio de la política

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creada hace 21 años, es un poderoso y delicado instrumento de las atribuciones extraordinarias del Estado para combatir al crimen organizado. Un órgano de vigilancia, no de regulación; un policía hacendario que identifica toda transferencia financiera sospechosa para investigaciones a mayor profundidad y, eventualmente, el inicio de procedimientos judiciales a fin de sancionar a personas o empresas por la comisión de delitos.

Estas entidades operan en condiciones de extrema confidencialidad y tienen el poder de investigar cualquier operación en el sistema financiero, con excepción de las monedas digitales o criptomonedas y movimientos en efectivo. El crimen organizado no tiene fronteras, siendo común que entidades como la UIF conformen una red con instituciones equivalentes en el mundo.

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Uno de los mayores desafíos de la modernización del país ha sido la separación de las áreas técnicas de autoridad respecto de las políticas. El servicio civil de carrera es uno de los recursos, pero no el único. En el caso de las instituciones de seguridad y vigilancia, ha habido propensión a su uso político. Por político no quiere decir que el gobierno en el poder haga su trabajo para combatir las amenazas o enemigos del país, sino a aquellos que representan una competencia o son adversarios del grupo en el poder. Así, los servicios de inteligencia y las tareas que realizan órganos como la UIF, en lugar de cumplir su responsabilidad para proteger a la sociedad, operan al servicio del régimen.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, los enemigos mayores eran sus adversarios, tan es así que en sus presentaciones matutinas, en reiteradas ocasiones, se refería en términos de grosera, calumniosa y agresiva hostilidad a periodistas, políticos de la oposición, escritores, integrantes del Poder Judicial, algún gobernador y demás funcionarios. Difícil, muy difícil, recordar una sola expresión del Presidente contra un criminal en particular. Como tal, entidades como la UIF operaban bajo esta lógica.

Debe quedar claro que la UIF desvirtuó su misión, no por la politización que le imprimieron sus dos últimos titulares, sino porque el presidente y la Presidenta así lo dispusieron.

De Santiago Nieto poco podía esperarse. Un funcionario rescatado a partir de los errores cometidos en su pasado que, vistos por López Obrador, se volvían virtud. El uso de la UIF sirvió para violar el secreto financiero y la privacidad de datos. El caso de Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, técnico ampliamente respetado por su probidad y profesionalismo, perseguido él y su familia por el presidente, se vio obligado a renunciar por la información de la UIF.

También fue utilizada en marzo de 2019 para denunciar a empresarios en el marco del CCE, que había financiado el documental y divulgación sobre el Populismo. Se bloquearon cuentas sin autorización de juez, como si se tratara de los peores enemigos del Estado. También fue utilizada para obligar la renuncia del ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora. La UIF fue el instrumento más poderoso de intimidación de empresarios, sin ningún respeto a la presunción de inocencia, el secreto bancario o la privacidad personal. Los adversarios fueron tratados como delincuentes y los delincuentes como aliados.

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Pablo Gómez, adversario de López Obrador, devino en uno de sus operadores más decididos y convencidos. Su nombramiento como titular de la UIF no sirvió para corregir los excesos. Algunos imaginaron que sus antecedentes como líder del movimiento de 1968 y parte de la izquierda democrática significaría un cambio positivo. Nada ocurrió; sirvió de utilería en la presidencia de López Obrador y de Claudia Sheinbaum para atacar a adversarios políticos, periodistas y cualquier crítico al régimen. A él también se recurre hoy para diseñar una reforma política totalmente regresiva, un ataque contra el pluralismo y claramente autoritaria.

Por fin llega a la UIF un funcionario que corresponde al perfil idóneo, por su formación profesional en materia de seguridad y sus relaciones con el país del norte, Omar Reyes Colmenares. El señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, respecto a tres instituciones financieras, es muy comprometedor, también para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF, entidades de regulación. Los nuevos términos de la relación con EU, en el combate al crimen organizado, no dan lugar a que una entidad fundamental para el combate al crimen esté al servicio de la política.