Lo que sí está en nuestras manos

El informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el lunes pasado en la Ciudad de México tiene una cifra que duele leer y duele más entender: 18 mil 192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México hasta agosto de 2025. Muchas y muchos no se perdieron en el sentido convencional de la palabra. Fueron reclutadas y reclutados. Según los testimonios que la CIDH recogió de sobrevivientes y colectivos, hay niñas y niños de trece y catorce años a quienes el crimen organizado utiliza como combatientes, sicarios, mensajeros y halcones. Otras y otros se fueron, dice el informe, de manera “aparentemente voluntaria”, si por voluntad entendemos la decisión de quien crece sin oportunidades, sin pertenencia y sin nadie que le diga quién es y a dónde va.

Frente a esa realidad existe una tentación comprensible: mirar hacia arriba. Mirar al Estado, al crimen organizado, a la pobreza estructural, a la frontera, al sistema. Todos esos factores existen, son reales y van a seguir existiendo. No los vamos a desaparecer en un sexenio ni en dos. Esta columna no es sobre lo que no podemos cambiar. Es sobre lo que sí.

Llevo dieciséis años trabajando formación ciudadana con niñas y niños en distintas regiones del país. Más de sesenta y cinco mil hasta hoy. Lo que he aprendido lo digo con la sobriedad que da el oficio: el factor de protección más subestimado contra el reclutamiento criminal no es policiaco ni militar. Es identitario. Una niña o un niño que sabe quién es, de dónde viene, qué le importa y a dónde quiere ir, tiene una armadura interna que ningún halcón puede atravesar con la promesa de mil pesos o un arma.

Los cárteles no reclutan solamente con dinero. Reclutan ofreciendo pertenencia, respeto, protección, propósito. Esa oferta sólo prospera donde el Estado, la escuela y la familia no llegaron primero. La pregunta verdadera no es por qué una o un adolescente se va con el crimen organizado. La pregunta es por qué nadie más le había ofrecido un lugar.

La buena noticia, si se le puede llamar así, es que esto no es intuición. Es evidencia. Y la evidencia internacional es contundente.

Medellín fue, en los noventa, la capital mundial del homicidio. En 2004 la ciudad tomó una decisión política contraintuitiva: no recuperaría sus barrios con más patrullas sino con bibliotecas, colegios y transporte público. Construyó parques biblioteca en las comunas más violentas, llevó el metrocable a las laderas que el Estado había abandonado, instaló escaleras eléctricas en la Comuna 13, levantó treinta y cinco bibliotecas públicas. La filosofía era simple: lo más hermoso para los barrios más humildes. La ciudad ha recibido desde entonces más de treinta y cinco reconocimientos internacionales, incluyendo el Lee Kuan Yew World City Prize, conocido como el Nobel de las ciudades. Hoy opera el programa Parceros, dedicado específicamente a evitar que las bandas recluten niñas y niños. No resolvieron todo. La ciudad sigue lidiando con la instrumentalización de menores de edad. Pero movieron el techo de lo posible.

Los Ángeles fue todavía más lejos. En 2007 lanzó el programa Gang Reduction and Youth Development, GRYD por sus siglas. Su apuesta era poco ortodoxa: en una estrategia integral contra las pandillas decidieron excluir la represión del modelo primario y apostar por prevención, intervención y mediación comunitaria. Los datos publicados el año pasado por la oficina de la alcaldesa Karen Bass son los siguientes: 45 por ciento de reducción en homicidios pandilleros en las zonas atendidas por GRYD respecto al año anterior; 83 por ciento de las y los participantes en prevención redujeron su riesgo de integrarse a una pandilla; 96 por ciento de mejora en resiliencia entre quienes se inscribieron; 60 por ciento de quienes fueron evaluadas y evaluados al inicio como de “alto riesgo” salieron del rango después de un ciclo del programa.

Ninguna de las dos ciudades hizo magia. Hicieron tres cosas con disciplina: identificaron a las y los adolescentes en riesgo antes de que el crimen les identificara primero; les dieron una ruta de educación, oficio o propósito; y trabajaron deliberadamente su identidad, su autoestima, su sentido de pertenencia a algo más grande y limpio que el cártel.

Sé lo que puede pensarse al leer esto: bonito, pero esto es México, esto es la frontera, esto es Coahuila o Nuevo León, con un crimen que ejerce control territorial real. Tengo respuesta. Lo que cambió Medellín no fue el contexto; fue la decisión política y ciudadana de invertir donde se había dejado de invertir. Lo que cambió Los Ángeles no fue la pobreza; fue ponerle nombre, edad y dirección a cada niña, niño y adolescente en riesgo, y rodearle de personas adultas que le trataran como ciudadanía y no como sospecha.

Mientras esperamos que el Estado mexicano implemente las cuarenta recomendaciones de la CIDH —y deberíamos exigirlas todas— hay algo que los municipios, las escuelas, las parroquias, las empresas, las organizaciones civiles y las familias podemos empezar mañana. Identificar a las niñas y los niños en riesgo. Construir su identidad. Garantizarles estudio. No esperar a que el reclutamiento llegue primero.

Dieciocho mil ciento noventa y dos niñas y niños no se desaparecieron en el aire. Los perdimos porque alguien más les ofreció lo que nosotros no les dimos. Esa cuenta sí se puede saldar. Más Ciudadanitos, por favor.