El día después del 5 de mayo

El 5 de mayo de 1862, en los cerros de Loreto y Guadalupe, las tropas de Ignacio Zaragoza derrotaron al ejército que entonces era el más temido del mundo. Soldados mal armados, mal alimentados y peor pagados se enfrentaron al ejército imperial francés —y ganaron. La hazaña fue tan inverosímil que el propio Zaragoza la describió en su parte de guerra con una frase que hoy es manual escolar: “Las armas nacionales se han cubierto de gloria”.

Ciento sesenta y cuatro años después, conmemoramos esa victoria con desfiles y ceremonias cívicas. En Estados Unidos —donde buena parte de la población confunde la fecha con el Día de la Independencia de México, que en realidad es el 16 de septiembre— el 5 de mayo se ha vuelto prácticamente una fiesta de marketing, con promociones de cerveza y guacamole. De este lado de la frontera, una conmemoración protocolaria. En ambos lados, una distracción.

Porque aquellos soldados no murieron por una fecha. Murieron por la posibilidad de que México fuera un Estado propio, gobernado por sus ciudadanas y ciudadanos. Esa parte —la que empieza el 6 de mayo y se ejerce los otros 364 días del año— es la que seguimos sin terminar de honrar.

Los símbolos cívicos sin práctica cívica son folclor. Y la distancia entre lo que celebramos en los desfiles y lo que vivimos en la calle se mide en datos, no en discursos.

Empecemos por la confianza institucional. Según la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública 2023, del INEGI, solo 53% de la población mexicana dice tener confianza alta o muy alta en el gobierno federal. Los gobiernos estatales obtienen 47.7%; los municipales, 47%. La Suprema Corte y la judicatura apenas alcanzan 50.7%. El Congreso de la Unión, 41%. Y los congresos estatales —los más cercanos a la ciudadanía de a pie, los que deberían ser su primera trinchera de representación— se quedan en 38.8% de confianza, con 40.5% de las y los mexicanos declarando confianza baja o nula. Es decir: más ciudadanas y ciudadanos desconfían de sus diputadas y diputados locales que quienes les tienen confianza.

Si la confianza es el cimiento de la democracia, en México el cimiento es de arena.

El segundo dato es más severo. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, también del INEGI, encontró que 83.1% de la población considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción. Ocho de cada diez. En el país que cada año conmemora a Zaragoza con uniforme de gala y banda militar.

El tercero golpea distinto. El Latinobarómetro 2024 —la medición de opinión pública más antigua y rigurosa de América Latina— reveló que solo 49% de las y los mexicanos cree que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. El 24% prefiere abiertamente un régimen autoritario, y el resto se mueve entre la indiferencia y el “da igual”. El propio informe lo formula con una crudeza que cuesta digerir: México “carece de demócratas insatisfechos porque tiene pocos demócratas; su satisfacción es superior al apoyo a la democracia”. Traducido: aprobamos el sistema cuando nos gusta el gobierno en turno. Eso no es convicción democrática; es lealtad partidista vestida de civismo.

Aquí la incomodidad: el 5 de mayo conmemoramos a quienes combatieron por una idea —la soberanía popular— que la mayoría de sus descendientes ya no defiende como principio, sino solo cuando le conviene.

No propongo cancelar el desfile. Conmemorar tiene su lugar; los símbolos cívicos sostienen la memoria colectiva. Lo que propongo es que dejemos de confundir el ritual con el ejercicio. La ciudadanía no se hereda con la nacionalidad: se ejerce. Se vota de manera informada. Se exige rendición de cuentas. Se denuncia la corrupción cuando toca a la puerta. Se enseña a hijas e hijos que ser mexicana o mexicano implica obligaciones, no solo identidad.

Si ocho de cada diez mexicanas y mexicanos creen que la corrupción es frecuente, y la mitad no defiende la democracia como mejor sistema, el desfile del próximo martes no es un homenaje. Es una distracción.

Más Ciudadanit@s, por favor.