Los derechos de los Pueblos Indígenas

En México el 19.4 por ciento de la población, alrededor de 25 millones de personas, pertenece a un pueblo o comunidad indígena, constituye el mayor conglomerado indígena del continente. En otras naciones los porcentajes son mayores, en Guatemala constituyen el 43.8 por ciento y en Bolivia el 48 por ciento de su población. Los pueblos indígenas hoy, encarnan a los descendientes de los pueblos que habitaban el continente antes de la conquista europea. La conquista y colonización no son propias de América, acontecieron en todos los continentes, Europa incluida, si bien con características diferentes en cada territorio.

Los pueblos originarios tenían y tienen su cultura propia, usos y costumbres que fueron combatidos y, en algunos casos, eliminados por los conquistadores que impusieron o trataron de imponer su cultura, leyes, creencias y costumbres. Hasta hace bien poco, la ley pretendía asimilarlos haciendo tabla rasa de las diferencias, borrando sus identidades, atropellando su dignidad, su derecho a ser ellos mismos, hoy se intenta proteger sus derechos, tanto en México, como en gran parte del mundo, al menos en la letra, pero es mucho lo que falta por hacer.

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¿Debería sorprendernos lo mucho que tardaron las sociedades occidentales, en ajustar y armonizar los derechos humanos a la europea, con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas? Siendo sinceros, la respuesta es no, porque es un asunto de hegemonía, la tentación del poder, en palabras llanas: el derecho del más fuerte.

Reconocer lo obvio, su derecho originario a ser respetados en sus usos y costumbres, aún cuando puedan chocar con las reglas del juego de la cultura occidental. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales data de 1989. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2006. La Declaración Americana de los Derechos Indígenas se dio a conocer en 2016.

El levantamiento zapatista de 1994 y las conversaciones posteriores con el EZLN, obligaron al gobierno a legislar al respecto. La alternancia en el año 2000 colocó la cuestión en el centro de la agenda política. Desde entonces, se habla mucho y se hace poco o nada, pasa de cierto protagonismo a la irrelevancia, conforme se van sucediendo luchas, resistencias, represalias, desplazamientos y calamidades, dependiendo de los actores que se involucren y de la agenda política del momento.

En 2024, a finales del gobierno de López Obrador, se aprobó otra reforma constitucional en la materia, lo más rescatable de ella es el reconocimiento como sujetos de derecho público, es decir, les reconoce personalidad jurídica para actuar de conformidad con sus tradiciones. Repito, todo esto acontece hasta 2024, teniendo como precedente 2001.

Son grandes avances legislativos, sin duda, pero que deberían llenarnos de vergüenza por lo mucho que tardaron en llegar. Especialmente porque las cifras más elevadas de pobreza o de explotación laboral en el mundo corresponden a los pueblos indígenas. Por eso se le entró al tema en 1989 a través de las Organización Internacional del Trabajo. Anteriormente, tanto los gobiernos como los intereses económicos arrasaron a diestra y siniestra con los pueblos, sus tradiciones y tierras, en todos los rincones del mundo.

Hoy me encuentro, como abogado, en medio de consultas a un pueblo y comunidad indígena que me brindó su confianza hace ya 10 años. Se trata de consultas que, por ley, obligan tanto al gobierno como a las empresas. Los proyectos económicos, en particular los relacionados con la generación de energía para comunidades urbanas, generan impactos ambientales y sociales en las comunidades indígenas y deben ser previamente consultados con ellas como un requisito legal indispensable para poder desarrollarlos.

Estas consultas deben llevarse a cabo de manera pública, transparente y equitativa, con información veraz y comprensible para los interesados. De lo contrario, es absolutamente injusto que de un lado estén, gobierno y empresas pertrechados con ejércitos de ingenieros y abogados; mientras que del lado del otro se encuentra una comunidad indígena sin conocimientos técnicos y legales para fijar y fundar su posición, sin contar con un apoyo informado o una defensa legal suficiente, contra lo que pudiera ser un atropello.

Mientras doy esta asesoría legal, no puedo dejar de pensar en los miles de proyectos económicos que, en nombre del progreso nacional, atropellaron a comunidades indígenas. El sólo hecho de que la legislación esté alcanzando a proteger sus derechos en este 2025, es prueba suficiente de los atropellos del pasado. Miles de millones de dólares en proyectos energéticos, mineros, industriales, inmobiliarios, agro empresariales han dejado tras de sí una estela de daños ambientales y sociales que nunca fueron remediados.

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Incluso ahora, ¿cuántos pueblos indígenas son atropellados por intereses gubernamentales y/o empresariales mediante engaños, consultas amañadas, sin asesoría y mediante promesas huecas. Los derechos y la letra de la ley no bastan. Me corresponde apoyar y puedo hacerlo porque las comunidades indígenas hermanas de Estados Unidos, pueden cubrir mis gastos. La enorme mayoría de los pueblos indígenas de México no tienen esa posibilidad. Este ejercicio me ha servido para entender por primera vez la gran deuda que tenemos con los pueblos y comunidades indígenas de México. Cuando el Estado es débil, los atropellos de los ambiciosos no conocen límites.

No sólo faltan recursos en metálico, los defensores en México frecuentemente son criminalizados, amenazados y no pocas veces pagan con su vida la osadía de defender los derechos de las comunidades y pueblos originarios.

Facebook: Chuy Ramirez