Maltrato infantil, ¿se previene realmente?

Entre las muchas frases de ocasión que integran el arsenal cotidiano de los políticos –y de casi cualquier persona– está el señalar cómo los niños y adolescentes constituyen “el futuro”, cuando no “el presente” de nuestra sociedad. Por esta razón, se suele agregar, es preciso procurarles las mejores condiciones de crecimiento y desarrollo.

A nivel institucional, las buenas intenciones de las expresiones anteriores se han materializado en la existencia de un conjunto amplio de normas jurídicas que contienen mandatos concretos y puntuales para todo mundo: desde los padres de familia hasta las instituciones públicas, pasando por cualquier persona que tenga contacto –regular o esporádico– con ellos.

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El andamiaje jurídico señalado se ha construido alrededor de un concepto central: el “interés superior del niño”. De acuerdo con éste, las sociedades democráticas deben desplegar acciones para proteger el desarrollo físico, mental, emocional y social de niños y adolescentes, por encima de visiones adultocentristas.

El objetivo que se persigue es también muy concreto: garantizando el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

No es un asunto menor. Porque cuando decimos que el “compromiso” es “garantizar el pleno ejercicio” de un conjunto de derechos, estamos hablando de eliminar todos los obstáculos que se interpongan entre la realidad actual y ese propósito.

La pregunta resulta obligada: ¿Lo estamos haciendo? ¿O nos hemos limitado a la expresión de buenos deseos cuya concreción en la realidad se ha dejado en manos del azar?

Responder de forma objetiva al cuestionamiento anterior es más o menos sencillo: basta consultar el comportamiento de los indicadores de desempeño con los que debe contar toda política pública para tener clara la efectividad de las acciones que, al menos en teoría, hemos desplegado en este sentido.

Uno de esos indicadores se encuentra en los datos que proporciona el Censo Nacional de Seguridad Pública, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de acuerdo con los cuales, en el Estado de Coahuila se reportan hasta cinco casos diarios de maltrato infantil a través del número de emergencias 911.

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¿Eso es mucho o es poco? Si se compara la última cifra oficial disponible –correspondiente a 2024– con la del año precedente, se registra una ligera disminución en la incidencia. Y ese es el dato relevante: que el sostenimiento de las cifras habla, en primera instancia, de ineficacia en las acciones que se estén realizando para atender el fenómeno.

Y dado que el compromiso es eliminar todos los obstáculos que impidan el pleno ejercicio de los derechos, el balance no puede ser otro que el de señalar que estamos en falta.

Cabría esperar que el balance se asuma y genere reacciones en consecuencia.