Michoacán, vueltas en círculo

Un buen plan requiere de un buen diagnóstico y claridad de objetivo. La evidencia del voluntarismo planificador revela que cuando mucho se quiere, poco se logra. Cuando se hace un plan ambicioso con ánimo de saldar la deuda con la historia, es común que las pretensiones se impongan sobre las realizaciones. Esa ha sido la constante en México y los buenos resultados siempre se asocian a objetivos precisos, detonadores en el tiempo de otras cosas más. México está reprobado en planeación porque las buenas intenciones se imponen a la razón y al sentido práctico de las cosas.

El Plan Michoacán es un ejemplo. Mucho se quiere hacer porque existe una deuda histórica respecto a uno de los lugares con mayor potencial del país. A pesar de todo, en Michoacán hay prosperidad, pero también un problema, uno que es fundamental: la delincuencia que extorsiona a buena parte de la economía local, incluso las actividades con mayor potencial, como la producción de limón y aguacate. Son muchos los problemas de Michoacán y es bueno que el gobierno los atienda, pero el más urgente, crítico y trascendente es acabar con la extorsión y la criminalidad asociada. Si sólo eso se alcanzara, mucho se resolvería.

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El plan lo antecede la crisis más severa en el estado por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. El asesinato está precedido por la denuncia del edil y su reclamo por la pasividad del gobierno federal y la complicidad del local. Días antes se asesinó a Bernardo Bravo, líder de los limoneros. Sabe la presidenta que está en falta. Conocía a Carlos Manzo porque fue diputado de Morena y con ella como candidata habló del tema. Le negaron la candidatura y sin partido Manzo arrolló. La presidenta fue repetidas veces a Michoacán, nunca a Uruapan a pesar de ser la segunda ciudad en población.

No se sabe sobre las razones de la ausencia presidencial; si fue porque ganó el alcalde sin Morena o por la idea, como dice Viri Ríos, de que él era considerado como un Bukele mexicano, la versión ultraderechista de resolver el crimen con la fuerza, prescindiendo de los derechos humanos. Pero Manzo nunca propuso tal cosa; las ideologías, los intereses o la propaganda tergiversan no sólo la verdad, sino también calumnian con ligereza, incluso ahora que ya Carlos Manzo ha sido asesinado. Lo cierto es que el gobierno y la presidenta están en falta.

No es malo que la presidenta decida actuar en Michoacán y empeñe el esfuerzo de su gabinete en tal cometido. Sin embargo, el problema tiene una palabra: impunidad, como también ocurre en tantas partes del país y otros temas, como la corrupción o el huachicol fiscal. La cuestión es si realmente se quiere abatir la impunidad; no se trata sólo de un tema de fuerza pública o despliegue militar, es de investigación criminal, inteligencia y, particularmente, justicia.

El problema con la respuesta institucional en materia de seguridad es que parece no entender la naturaleza ni la gravedad del problema que es la penetración del tejido político, económico y social por los criminales. Hay un ejército de delincuentes dedicados a extorsionar decenas de miles de negocios. ¿Estará presente la UIF? No queda claro si se van a frenar los dineros del crimen que se sirven de negocios establecidos para lavar el dinero que día con día se obtiene por la extorsión. Igual sucede con el huachicol fiscal; para vender la enorme cantidad de combustibles ilegalmente importados se involucraron miles de negocios. Al menos en una de tres empresas formales en la venta de combustibles está implicada en la red criminal, que para los norteamericanos son terroristas si es el caso que participaran cualquiera de los cárteles declarados como tales.

Lo de menos es si el Plan Michoacán es conceptual, programático y operativamente semejante al de Peña, Calderón o al que sea. La cuestión que importa es si el gobierno nacional está decidido a llegar hasta sus últimas consecuencias para acabar con la impunidad y, de esta manera, con la extorsión. Por lo pronto existe un ineludible problema, las autoridades locales llegaron al poder con la participación de los grupos criminales —como en Sinaloa—, y nada se ha hecho al respecto; son parte del problema, no de la solución.

Es evidente que abatir la impunidad atenta contra el régimen político. Michoacán plantea una prueba más para el gobierno nacional.