El INE y el Tribunal Electoral deberán interpretar el artículo 54, fracción V de la Constitución para la asignación de diputados derivados de la sobrerrepresentación. Existen dos posturas, la que ha prevalecido de que es por partido y la que desde hace tiempo se ha promovido sin éxito, de que se debe aplicar a la coalición, a partir del principio o la voluntad del legislador de que ninguna fuerza política pueda cambiar la Constitución.
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Sería deseable, por razones estrictamente democráticas, que prevaleciera el segundo criterio de interpretación; con ello la coalición encabezada por Morena no alcanzaría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El precedente cobra fuerza, aunque nada impediría modificarlo. Más allá de la rigurosa argumentación jurídica en uno o en otro sentido, el entorno político, la presión del presidente López Obrador y la situación en el INE y en el Tribunal propician la idea de que la primera interpretación, es decir, la sobrerrepresentación por partido, será la que se aplique.
En las condiciones de la elección pasada, como lo muestra el exconsejero Ciro Murayama, un diputado del Verde o del PT vale 65 mil votos; un diputado del PAN, 143 mil; del PRI, 200 mil, y de MC, 282 mil. Una desproporción que muestra una inaceptable diferencia en el valor del voto.
El tema es relevante por la reforma constitucional propuesta por López Obrador. Una mayoría calificada significa luz verde para alterar las premisas fundacionales de la democracia mexicana, entre otras, la independencia del Poder Judicial. De antemano se advierte que la elección popular de juzgadores acabaría con la autonomía de jueces, magistrados y ministros, además de un deterioro del perfil profesional, la carrera judicial y la experiencia. Decir que la experiencia corrompe es un sinsentido, un acto de soberbia mayúsculo, además de provocación. No es un tema de ignorancia, sino de evidente mala fe.
El Presidente va en serio y estima que parte de su legado democrático es acabar con el sistema vigente. Sin contención alguna, la mayoría calificada se vuelve justo aquello que se quiso evitar, que una fuerza política por sí misma pueda alterar los fundamentos constitucionales del país. Por cierto, Morena obtuvo 40.8 por ciento de los votos; no logra ni la mayoría absoluta, el volumen de legisladores necesarios se aporta por el PVEM y PT, que mantienen una postura de total y absoluta sumisión, situación que valida el criterio de que la sobrerrepresentación debiera aplicarse por coalición y no por partido.
El origen de la sobrerrepresentación es producto de la elección de 300 diputados de mayoría simple. Los diferentes modelos de integración han llevado a que la representación proporcional, antes de 100 diputados y ahora de 200, sirva para atemperar o moderar los efectos de sobrerrepresentación que tiene la elección distrital. El tema es relevante porque la reforma constitucional que propone López Obrador plantea la desaparición de la representación proporcional y con ello abre la puerta para que un partido minoritario pueda tener casi la totalidad de los distritos con un porcentaje relativamente bajo. Si se aprobara tal reforma, no sólo habría una excesiva sobrerrepresentación de la minoría mayor, sino que los partidos pequeños no alcanzarían diputados. Sólo como ejemplo, en la pasada elección MC obtuvo 11 por ciento de los votos y sólo ganó un distrito. Si hubiera representación perfecta tendría 55 diputados.
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La sinrazón legislativa del obradorismo y el absurdo como divisa no ofrecen condiciones para una deliberación seria que conduzca a mejorar el sistema de representación en la Cámara de Diputados. Situación semejante se presenta con la falaz reforma de justicia, cuyo objetivo no es resolver un problema existente y muy sentido de la población, sino acabar con la independencia del Poder Judicial como garante de la constitucionalidad de los actos de autoridad y de las leyes de los Congresos. La arbitrariedad del gobierno y la impunidad serían el destino.
En la perspectiva de que el objetivo de la reforma fuera fortalecer la integración democrática de la Cámara de Diputados, la representación proporcional debiera ser dominante para que el porcentaje de votos se iguale al porcentaje de curules, es decir, acabar con la sobrerrepresentación. Por otra parte, es necesario deliberar como respuesta al asalto a la Constitución, por una minoría o por una mayoría artificial o circunstancial, qué capítulos relevantes de la Carta Magna tengan que ser sujetos a referéndum como parte del proceso legislativo constitucional.
