‘Ni venganza ni perdón’: Habría que desmentir a Scherer Ibarra
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El autor determinó encarnar en la pueril ambición del exvocero presidencial, Jesús Ramírez, el despropósito de núcleos radicales del obradorismo que operan desde el centro de la nueva etapa del movimiento
Desde las semanas previas a la publicación formal del libro “Ni venganza ni perdón”, bajo la firma principal de Julio Scherer Ibarra –el influyente exconsejero jurídico presidencial durante la administración López Obrador–, el enigma está depositado en cuál será la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum y del obradorismo, que no siempre son lo mismo. Esta respuesta trazará dos posibles escenarios: el régimen se endurecerá y cerrará sobre sí mismo, o incursionará hacia un modelo más pragmático, soltando lastre y peso muerto.
En este libro, producto de una conversación con el periodista Jorge Fernández Menéndez, Scherer Ibarra parece dosificar, como en balanza de joyero, testimonios ásperos con los que difícilmente se le puede atribuir la voluntad de dinamitar el proyecto político liderado durante décadas por la tozudez y liderazgo de López Obrador, confiado ahora a la presidenta Sheinbaum. El cálculo parece más orientado a diseccionar a un organismo complejo, diagnosticar excrecencias y tumores y promover su extirpación..., con la circunstancia adicional de que esos males intoxicaron la vida pública del propio autor y de su entorno cercano.
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Los dardos más envenenados del trabajo de Scherer Ibarra están dirigidos a cabezas visibles del sector duro del ecosistema cuatroteísta; a sus aparentes vínculos con el crimen organizado y la corrupción más rupestre. Y en extenso, a diversos actores que reclaman para sí, disputándolas a Palacio, cuotas sustantivas del legado de poder centralizado que se arrogó López Obrador.
El autor determinó encarnar en la pueril ambición del exvocero presidencial, Jesús Ramírez, el despropósito de núcleos radicales del obradorismo que operan desde el centro de la nueva etapa del movimiento, en un saco en el que cupieron Adán Augusto López y Alejandro Gertz, o gobernantes como la zacatecana-veracruzana Rocío Nahle. Destaca Ramírez Cuevas, quien habría introducido al despacho presidencial al tristemente célebre Sergio Carmona, un portador de patrocinios del crimen organizado –en particular del huachicol– hacia campañas en gobiernos estatales, en coordinación con políticos y agencias de seguridad.
Ramírez Cuevas reviró con una autodefensa en términos banales, a lo que siguió un posicionamiento en su favor de personajes anclados en la historia de una protesta estudiantil de hace 40 años: el CEU en la UNAM. Esta iniciativa se le atribuyó a uno de los suscritos, el “durito” Martí Batres, entonces –como Ramírez– recién salido de la preparatoria. Batres fue aislado y desdeñado en el CEU. Alumno irregular en Derecho, intentó convulsionarla. Tras fracasar, desertó para concluir su licenciatura en la “universidad” Humanitas.
Igual que otros mencionados en el libro de Scherer, la única respuesta válida de Jesús Ramírez sobre las imputaciones recibidas –que desde el año pasado comenzaron a llamar la atención de la embajada de Estados Unidos–, sería desmentirlas bajo la luz pública o jurídica. O en su defecto, renunciar.
Ramírez debería demostrar que no se ha beneficiado de los contratos gubernamentales otorgados a la empresa editora de la publicación “Regeneración” bajo su cargo, por un monto acumulado de 2,800 millones de pesos, a razón de 400 millones anuales. Que tampoco es socio, vía prestanombres, de “Doble L Medios”, la cual ha recibido igualmente contratos públicos multimillonarios, o que no obtuvo beneficios monetarios ni políticos al destinar como vocero presidencial miles de millones de pesos a medios sumisos al gobierno, cuyos enviados a las “mañaneras” fueron usados en un mercado negro de preguntas.
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Manuel Bartlett, exdirector de la CFE, podría contagiar a Ramírez el ser sujeto de interés de la DEA desde hace décadas, ahora que sabemos el presunto rol de ambos en la estrambótica creación de una fuerza de movilización política, que ya se ha manifestado en la Ciudad de México, manipulando a extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza a partir de un forzadísimo decreto que beneficiará a esa facción con pagos hasta por 27 mil millones de pesos.
Esta historia parece apenas estar comenzando.