La prensa y la academia críticas tienen décadas señalando el enorme costo para el país de las complicidades entre criminales y funcionarios. Ese relato ha chocado siempre con presidentes que minimizan o niegan el creciente poderío delincuencial.
El choque de los dos relatos se visibilizó en 1984 cuando el Estado arropó al secretario de Gobernación Manuel Bartlett, quien protegió a los funcionarios de seguridad que ordenaron el asesinato del periodista Manuel Buendía y la entrega de credenciales como agentes de Gobernación a los capos del Cártel de Guadalajara. Si el asesinato no quedó totalmente silenciado o impune, fue por el empeño de periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa.
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La semana pasada hubo otro choque de relatos. Cuando Genaro García Luna fue condenado en Nueva York, Calderón se justificó en X diciendo: “nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas”. No es cierto. La prensa independiente –respaldada desde la academia– difundió públicamente las andanzas del funcionario.
Entre 2003 y 2012, García Luna estuvo en el candelero nacional. En esa etapa, Proceso publicó 24 reportajes de investigación sobre el funcionario, trece de ellos firmados por Ricardo Ravelo. En uno de noviembre de 2008 (“Vínculos García Luna-El Mayo”) Ravelo aseguraba que García Luna mantenía “en su círculo más cercano a numerosos funcionarios acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en particular con ‘El Mayo’ Zambada”. Daba detalles precisos sobre una reunión de cuatro horas, realizada en Morelos en octubre de ese año, entre García Luna y un enviado de Zambada. Fue un encuentro forzado, ya que los delincuentes secuestraron a García Luna después de desarmar a su escolta.
No hay indicios de que los gobernantes hubieran escudriñado la versión pese a que el reportaje de Ravelo se basaba en una carta enviada por agentes de la Policía Federal a comisiones de diputados y senadores, “de la cual Proceso obtuvo copia”. Ni los legisladores ni el presidente reaccionaron al periodismo de investigación que combatía con evidencia la pasividad oficial ante el aumento de la violencia. Ni los ven ni los oyen. No existen.
Salvo obligadas excepciones, nuestra clase política nunca ha querido confrontar el pacto de impunidad. En sus memorias, Carlos Salinas de Gortari dedica un amplio espacio a las presuntas actividades delincuenciales de su hermano Raúl, quien se pasó una década en la cárcel antes de ser exonerado. El expresidente reconoció que “sí le informaron”, pero que “no recibí ninguna prueba”, “solo me llegaron rumores”. No hay constancia de que ordenara una exploración independiente.
Ernesto Zedillo y Vicente Fox mantuvieron la protección de Raúl Salinas porque ignoraron las versiones periodísticas sobre sus presuntos nexos con el Cártel del Golfo. Más grave e incomprensible resulta que tampoco lo hicieran cuando en 1998 la Procuraduría suiza denunció ante la prensa sus investigaciones sobre dichos nexos ni cuando, en noviembre de 2002, los suizos entregaran en Berna, a una enviada de la Procuraduría General de la República, 30 cajas de documentos sobre el tema. La evidencia pesaba 900 kilos y está desaparecida.
En el sexenio pasado volvieron a enfrentarse los relatos cuando creció el número de homicidios, desapariciones y masacres. La visión reprobatoria volvió a derrotar al optimismo presidencial. La encuesta de Alejandro Moreno (El Financiero, 30 de septiembre) es clarísima: el presidente obtuvo un 68 por ciento de popularidad, pero su política de seguridad la respaldaba sólo el 35 por ciento de la población.
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La victoria del relato crítico ha tenido un costo alto. En un libro reciente (“Mexico’s Resilient Journalists”), Julieta Brambila señala una gran paradoja. La sociedad espera “certidumbres” de un periodismo independiente que “vive en la incertidumbre” por la vulnerabilidad alimentada por los veneros de asesinatos, acosos judiciales y campañas digitales de desprestigio. México es de los países más peligrosos del mundo para la prensa independiente.
El periodismo y la academia sí han señalado el pacto de impunidad, mientras los presidentes lo niegan y evaden. Urge un relato unificador que alivie los quejidos de los combatientes y de las víctimas civiles que agonizan mientras retumba por doquier el traca-traca de los rifles de asalto.
Colaboró Sebastián Rodríguez
