Política de vivienda social en el Infonavit y el estado de bienestar

Aparte del libre mercado, también los intereses de grupos y acuerdos económicos tergiversan la economía y deforman objetivos de instituciones, sea cual fuere el partido político u organización gremial-empresarial.

Correspondió el turno al Infonavit para destapar la corrupción y evidenciar malos manejos del presupuesto y ahorros de la base laboral formal del país.

En la Mañanera del Pueblo del 18 de diciembre, el director del Instituto, Octavio Romero, dio a conocer una serie de desvíos, favores, privilegios, operaciones múltiples, etcétera, con el respaldo de las reglas y protecciones de la representación obrero-patronal y sus operadores, a tal grado de que la Auditoría Superior de la Federación no puede, en estos momentos, auditar fondos, cuentas, ni movimientos financieros que realizan funcionarios y representantes.

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Viviendas vendidas al menos cuatro veces, en el que se involucran mil 200 millones de pesos de 12 mil trabajadores; indemnización de 5 mil mdp a la empresa Telra Realty por cancelarle un contrato de 100 mdp ¡por un trabajo que no realizó!; 3.8 mil mdp entregados a cuatro despachos para operar juicios fraudulentos contra 60 mil trabajadores; doce integrantes de la nomenclatura administrativa, además de los dirigentes sindicales de la base laboral del Instituto, tienen ingresos muy por encima de lo que obtiene la Presidenta de la República, cuando la misma constitución no lo permite; además de jugosas bonificaciones por asistir a las juntas del Consejo de Administración (La Jornada, 18-12-24); entre otras tropelías.

No se difunde esta información en los medios de derecha; no es ridículo que en Coahuila se hayan detectado 7 inmuebles con 47 operaciones en venta múltiple. Corrupción lo es independientemente de los montos.

Actualmente, el control del Consejo de Administración y de la Asamblea General es por parte de los representantes sindicales y patronales, quienes bloquean cualquier disposición de la Dirección e impiden cualquier fiscalización en el manejo de los recursos y operaciones financieras.

La transformación jurídica del instituto para la vivienda no se realizó en el sexenio pasado dada la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, porque Morena y sus aliados no tuvieron mayoría calificada; aunque se presentaron denuncias por irregularidades, los representantes de patrones y obreros, por sus atribuciones, obligaron a la Dirección a desistirse de la acción y evitar cualquier fiscalización externa.

La propuesta de reforma a la Ley del Infonavit pretende: evitar mafias de interés para controlar los recursos que son de los derechohabientes; reducir la estructura burocrática; fortalecer modelo tripartita de 10 representantes por sector; otorgar atribuciones ejecutivas limitadas a la Dirección para contratos, convenios o cualquier acto jurídico; fiscalización externa; entre otras.

Es importante señalar que la situación operativa, contable y financiera sería dictaminada por una auditoría externa y ésta se reportará anualmente al Congreso de la Unión -a partidos políticos- y al gobierno federal, para evitar despilfarro, privilegios y opacidad.

El Instituto tiene aún problemas financieros que resolver: pasivos laborales; 2 mil 135 mdp de prestaciones; indemnizaciones para trabajadores de órganos que desaparezcan con la reforma; 10 mil 341 mdp en viviendas adjudicadas no comercializadas (El Economista, 17-12-24).

Por otra parte, de su presupuesto anual se construirán 500 mil viviendas en seis años, porque los 2.5 billones de valor de activos -entre esto ahorros de derechohabientes- no está disponible, ya que, según Romero, gran parte está en fondo de inversión de largo plazo (750 mmdp) y en garantías de crédito (1.5 bdp).

Actualmente están en proceso de congelamiento cuatro millones de préstamos, para disminución de intereses, mensualidades y saldos; el objetivo es contribuir al bienestar social a través del acceso factible a la vivienda.

Libre mercado y corrupción potencializan efectos negativos, como las políticas erróneas de vivienda del neoliberalismo en México. El Infonavit debe reformarse para impulsar la “prosperidad compartida”. Ahora la perspectiva es economía y justicia social, el Estado de Bienestar.