Política fiscal para la escasez

Ha finalizado totalmente el proceso electoral y ya hay un ganador indiscutible, Manolo Jiménez, quien a partir del 1° de diciembre será el nuevo gobernador del estado de Coahuila. Llega con un récord de votos que le dan una capacidad importante para negociar aspectos difíciles en la economía del estado, como nuevos impuestos, cambios en disposiciones fiscales estatales, por mencionar solo algunas posibilidades. En este mismo sentido, se tendrán que impulsar nuevos impuestos para hacer frente a lo que dejará de recibirse por parte de la federación, tanto este año como el siguiente. Ya se sabe que el actual gobernador dejará una reserva de recursos en caja para el nuevo gobernador, con la finalidad de que no empiece desde cero y sea más fácil la transición. Sin embargo, esto tiene amplias posibilidades de no ser posible porque desde este mismo año, ya hay un faltante de cuando menos 800 millones de pesos, y acumulándose, lo que dificulta que se pueda dejar alguna reserva.

Con el argumento anterior, la pregunta que surge es: ¿de dónde saldrán los recursos necesarios para financiar el futuro crecimiento del estado? Esta pregunta es vital porque están subiendo los gastos del gobierno en todas las regiones del estado y en todos los sectores. Para allegarse de recursos, el nuevo gobierno podría imponer un impuesto estatal de 30 centavos a la gasolina. Con tanta variación en el precio, sería detectable por la gran mayoría de los automovilistas y le daría al gobierno un margen para aportar todo ese dinero al pago de la deuda, lo que en tres años liberaría cuando menos 100 millones de pesos mensuales en pago de intereses, que si se vuelven a aplicar al capital adeudado, en un máximo de 18 años podría pagarse la deuda completa. Desde luego habría que considerar mecanismos para evitar volver a caer en lo mismo y crear un esquema que impida que el dinero se desvíe a otros propósitos como gasto corriente, por ejemplo.

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Se tendrán que cobrar realmente algunos servicios a las empresas a nivel estatal para poder crear la infraestructura que los empleados van a requerir como el famoso tren interurbano de Derramadero al aeropuerto de Monterrey, porque hasta hoy, no han fondos para ello, y apenas hay un plan. Sin dinero será difícil que el gobernador electo pueda realizar una obra de gran magnitud que mejore la comunicación con esa zona de Nuevo León. Además, si no hay apoyo para mejorar la comunicación vía carretera, es más que obvio que las empresas empezarán a considerar otras regiones del país para ubicar sus inversiones. Se puede poner una caseta de cobro en la carretera libre para ayudar a financiar un tercer carril, con una cuota simbólica, que no cause estragos a los viajeros pero que contribuya a las arcas estatales para poder incrementar un carril en la vía libre. El gobierno federal no invertirá en el norte del país, y casi seguro, tampoco en el sur en obras de infraestructura porque no se podrían terminar antes de que el sexenio llegue a su fin. Con ese panorama es que planteo esta alternativa.

De todo lo anterior se puede empezar a esbozar que será necesario crear una serie de políticas fiscales y sobre todo de planeación para establecer las necesidades financieras de cada área nueva que irá emergiendo y que no eran parte central de la actividad gubernamental. Por ejemplo, los asuntos migratorios se han dejado de lado y son parte de las responsabilidades federales, pero sus efectos son estatales y municipales. La crisis migratoria de los haitianos hace algunos años es muestra de este asunto. Fue el estado quien resolvió la situación. La planeación económica regional necesita volver a impulsarse fuertemente para que en caso de que AHMSA no operé en los siguientes meses, se tenga un plan de contingencia para darle empleo a la gente que así lo requiera. La zona carbonífera tampoco tiene alternativas de solución a dos problemas fundamentales, la reducción paulatina del consumo de carbón y el desempleo y empleo precario de la zona. La Secretaría del Trabajo del estado tendrá que ser apoyada con más recursos para llevar a cabo estrategias detalladas a nivel municipal para ver qué opciones de inversión podrían generar sinergias entre los recursos que ofrece la región y el tipo de empresas que podrían beneficiarse de llegar allí. Es evidente que el principal problema es la falta de recursos económicos.

No podemos seguir creciendo sin tener los recursos suficientes para poder invertir en los factores inherentes al aumento de la actividad económica, que van desde los servicios públicos, hasta las necesidades de las empresas en términos de espacios industriales y de espacios para sus trabajadores. Si el gobierno federal no quiere darle dinero al estado, el estado tendrá forzosamente que buscar sus propios medios para que nosotros como ciudadanos no paguemos el precio del abandono económico del gobierno central.

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Hay alternativas que se pueden aprovechar con ese capital político derivado de más de 720 mil votos obtenidos por el candidato electo. Los tiene que aprovechar para encontrar la fórmula que nos lleve al siguiente nivel de desarrollo porque en este ya demostramos que somos muy capaces. La política fiscal será el centro de la administración venidera y no hay que espantarse por nuevos impuestos. Al contrario, lo que hay que ver es qué se hace con ellos por parte de los servidores públicos y qué resultados se obtienen. Se ha dedicado mucho tiempo a “vigilar” el buen uso de los impuestos, pero esto se reduce normalmente a que no se los roben, no se han evaluado los beneficios directamente, eso siempre lo hacemos “otros” pero nadie entrega cuentas por eso.

Esperemos que la nueva administración que tomará posesión en diciembre sea capaz de entender que ese capital político, es capital económico, y en consecuencia, capital fiscal para mejorar una situación que, con todos los datos disponibles hasta ahora, nos lleva a una duda sobre nuestro futuro. No por este gobierno, sino por aquel que está allá en su palacio y no nos quiere dar lo que nos corresponde nada más.