Como diría un clásico: si no fuera trágico, sería cómico. Nos referimos, desde luego, al caso de Marx Arriaga, el más folclórico –por decir lo menos– de los integrantes del universo cuatroté, quien ayer, por fin, decidió asumir que había sido echado del trabajo y abandonar las oficinas donde permaneció atrincherado –aunque él diga que estaba “resistiendo”– durante cuatro días. La estampa del hoy exdirector general de Materiales Educativos de la SEP saliendo del edificio con un voluminoso retrato de Carlos Marx bajo el brazo quedará para la historia y demandará análisis particular, sin duda.

II. POLÉMICA REAVIVADA

La pregunta relevante, a la vista del esperpéntico espectáculo ofrecido por Arriaga, no es por qué se fue –o lo fueron–, sino por qué llegó a la posición que ocupó durante cinco años. Y es que la desequilibrada personalidad que exhibió en las últimas horas no hace sino convocar a que se reabra la discusión sobre el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. Resulta muy difícil creer que alguien con una conducta como la que atestiguamos haya sido capaz de diseñar libros que puedan considerarse apropiados para la educación.

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III. CUENTAS PENDIENTES

Ahora que diversas voces se han alzado para demandar que se juzgue en México a Miguel Ángel Treviño Morales –alias Z-40–, por los crímenes cometidos en Coahuila, nos comentan que las autoridades de nuestro Estado son de las pocas del país que mantienen una orden de aprehensión vigente en contra de quien fungió como líder de la organización criminal de Los Zetas y ordenó el asesinato de un número indeterminado de personas, entre ellas los pobladores de Allende a quienes se masacró en marzo de 2011, presuntamente en venganza por haber proporcionado información a las autoridades de Estados Unidos.

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IV. A LA ESPERA

El dato es relevante porque a Treviño Morales lo perseguían autoridades de distintos estados y acumulaba un número importante de órdenes de aprehensión por diversos delitos. Sus abogados promovieron amparos en contra de todas ellas, logrando que la mayoría fueran revocadas. Pero no la que se giró en Coahuila, la cual resistió el análisis de la justicia federal. Parece improbable que algún día se ejecute, pues el juicio que se le sigue en Estados Unidos seguramente lo impedirá. Pero ahí está.

V. VISITA INCÓMODA

En la delegación del Infonavit en Coahuila se vivió, nos dicen, un episodio que dejó más de una ceja levantada, cuando el exdelegado Gustavo Díaz Gómez apareció en las oficinas, pero no para entrar, sino para acercarse a la fila de derechohabientes que esperaban turno y resolver dudas rápidas. Según publicó después, no veía sentido a que la gente aguardara horas por trámites sencillos. Con la experiencia que le dejó el cargo, comenzó a orientar a quienes estaban formados. El gesto, que algunos usuarios agradecieron, terminó convirtiéndose en un reflector “involuntario” sobre la operación actual de la oficina.

VI. CELO Y DESCONTROL

Lo que siguió, comentan dentro de la delegación, fue el desconcierto del actual delegado, José Iván Caballero, quien habría reaccionado con enojo y nerviosismo ante la presencia de su antecesor –y exjefe–. Lo que se notó –según quienes presenciaron la escena– fue falta de tablas para manejar la situación. Cuando la visita de un exfuncionario descoloca al titular en turno, el problema no es la fila ni la asesoría externa, sino la seguridad con la que se conduce la oficina.

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VII. CERO QUE NO FUE CERO

En su informe de resultados, el rector Octavio Pimentel presumió que la Universidad Autónoma de Coahuila había obtenido “cero observaciones” de la Auditoría Superior de la Federación. Sonaba a cuentas limpias y cierre impecable. El detalle es que el propio informe de la ASF muestra otra cosa: más de 45 millones de pesos observados por conceptos como vales de despensa y transferencias al sindicato sin comprobación suficiente. No es un matiz menor: pasar de “cero” a decenas de millones cambia la narrativa. En la vida pública, el problema no es que te observen, sino afirmar que no ocurrió.

VIII. EL TAMAÑO DEL PERO

Ahora bien, también vale ver la foto completa: esos más de 45 millones representan un porcentaje reducido frente a un universo fiscalizado superior a los 2 mil 700 millones de pesos. La propia ASF reconoce buenos niveles de control interno y cumplimiento en varios rubros. No es un boquete financiero, pero tampoco es cero. Aquí el punto es la precisión: una cosa es subrayar avances y otra desaparecer observaciones. Con recursos públicos, la confianza descansa en cifras exactas, no en redondeos optimistas.

IX. MUDANZA LARGA

El edificio de la Nueva Ciudad Judicial, recién inaugurado con motivo del informe de labores que Miguel Mery Ayup rindió a finales de enero pasado, comenzará a ser poblado esta misma semana y, según nos dicen, la mudanza será un proceso que se realizará de forma pausada, a fin de no entorpecer los servicios que se prestan al público. El traslado, nos explican, muy probablemente se llevará todo el primer semestre del año, debido a que la migración de los juzgados –civiles, mercantiles, familiares y laborales– tiene sus dificultades. Para la segunda mitad del año, sin embargo, se espera que todo mundo esté operando en la nueva sede.