Presupuestar: ¿es sólo un ejercicio de simulación?

Elaborar un presupuesto implica un acto de compromiso con el futuro a partir de un ejercicio previo: la planeación. En otras palabras, desarrollar un presupuesto implica decir de dónde, cuánto y cómo se obtendrá y gastará el dinero que requieren las acciones que se planea desarrollar en un período determinado de tiempo.

Más aún: las acciones que un presupuesto financia sólo tienen sentido en la medida que persiguen un propósito concreto: construir un edificio, aplicar vacunas, garantizar la impartición de clases, desarrollar un trabajo de investigación o pagar los salarios de quienes se encargan de la seguridad.

No es pues, el ejercicio de presupuestación, un fin en sí mismo, sino uno de los elementos de eso que conocemos como sistema de administración. Y la idea vale igual para una familia, para
una empresa o para el servicio público.

Pero si en un espacio resulta importante seguir las normas de la presupuestación es justamente en el caso de la administración pública, pues los fines que se persiguen allí son relevantes para todos e impactan las posibilidades que todos tenemos de contar con los elementos necesarios para crecer y desarrollarnos de forma democrática.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al auténtico desorden que constituye, a estas alturas del año, el ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, por lo menos en lo que toca a Coahuila.

No es la primera vez que esto ocurre y eso conviene resaltarlo: el Gobierno de la República se ha caracterizado, en lo que va de este sexenio, por ignorar a su antojo el mandato votado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de cuántos recursos debían entregarse a Coahuila.

Aquí conviene hacer una acotación importante: aún cuando los presupuestos no pueden ser concebidos como instrumentos rígidos, en los que no haya cabida para las modificaciones, los ajustes o las rectificaciones, lo que sí debe estar claro es que se trata de un mandato legal y cualquier cambio en estos debe justificarse plenamente.

Pese a ello, a Coahuila se le han recortado, en forma sistemática, miles de millones de pesos del presupuesto originalmente aprobado, bien porque los recursos no se le entregan o porque
se cancelan sin explicación obras e inversiones que ya estaban autorizadas.

Actuar en esta forma no solamente implica violar las normas que rigen la administración y ejecución del presupuesto público, sino que incluso invitan a considerar la existencia de motivaciones políticas detrás de esta actitud, derivadas del origen partidista distinto del Gobierno Estatal.

Se ha dicho en múltiples ocasiones, pero debe repetirse cuantas veces sea necesario: quienes representan a Coahuila en el Poder Legislativo Federal tendrían que defender los intereses de la entidad, además de impedir que este actuar sistemático convierta al ejercicio presupuestal en una mera simulación.