Reforma judicial: Del rencor al interés por la impunidad

¿Qué movió a la presidenta Claudia Sheinbaum a proceder a la destrucción del Poder Judicial Federal y de la SCJN? Es más fácil responder si se entiende la motivación de Andrés Manuel López Obrador. La respuesta es la misma y no tiene que ver con un gobierno, sino con un régimen, el obradorista, que aplica por igual a Andrés Manuel como a Claudia. El libro “Reforma Judicial en México: Origen y Consecuencias”, del ministro en retiro José Ramón Cossío, nos ofrece explicaciones sugerentes e interesantes.

Esta misma reflexión aplica a Morena, organización que no puede entenderse al margen del régimen que le dio origen. Semejante a lo que ocurrió con el PRI: aunque el partido era instrumento del régimen, su relevancia lo llevó a caracterizarlo como partido hegemónico. La esencia, si se puede decir así, no es el instrumento, sino la lógica del poder. En el caso del tricolor, el presidencialismo autoritario; en el de Morena, el caudillismo de Andrés Manuel López Obrador. La diferencia relevante es que en el tricolor su referencia es una institución, lo que explica su supervivencia por más de medio siglo; en el obradorismo, su eje es la persona, lo que anticipa que depende del caudillo –como en el porfiriato–; su caída representa la del conjunto.

Para Cossío, el interés de la reforma no fue mejorar la justicia, sino atender las necesidades políticas del régimen a partir de una visión autoritaria del poder: su concentración en el presidente como único e indisputado titular de la representación popular, ejemplo de lo que en los orígenes del régimen presidencialista en Norteamérica preocupaba a los padres fundadores: que el Ejecutivo se impusiera sobre el Legislativo y los estados al asumir la representación popular. Precisamente por esa consideración introdujeron el sistema indirecto de elección, para impedir que el gobernante invocara mandato derivado de la soberanía popular.

La hipótesis inicial de Cossío sobre las razones de la reforma judicial cambió o, más bien, se incorporaron otras de carácter estrictamente judicial y tienen que ver con Lula da Silva en Brasil al dejar la presidencia. Defenestrar a la totalidad del Poder Judicial tuvo como propósito conjurar una acción judicial que llevara a la situación de Lula: la cárcel. El proyecto transitó del rencor por las resoluciones judiciales en contra del gobierno al interés por garantizar una justicia penal a modo: impunidad.

Nuevamente, la lógica del poder no se limita a la persona, sino al régimen. La calculada impunidad no remite al presidente y a su círculo cercano, porque sus faltas no son de corte individual, parten de una motivación política. El financiamiento de Morena por el crimen no es un asunto del gobernador de Sinaloa ni del presidente López Obrador; entraña al conjunto del sistema porque, a diferencia de la corrupción –que es apropiación individualizada de recursos públicos–, en este caso los dineros o recursos del crimen son para la operación política y para el fondeo de campañas por igual en Sinaloa, otros estados y en la elección federal concurrente.

La presidenta Sheinbaum cerró el círculo estructural de la impunidad al aprobar la iniciativa diseñada por su antecesor. Fijó su suerte no sólo a la de su antecesor, sino también a la del régimen y, como tal, su responsabilidad no es con él y su círculo cercano, sino con el conjunto. De esta manera se puede entender su intransigente protección a cualquier miembro relevante del régimen político. Se trata de la defensa de la estructura gobernante, no de una persona o un grupo. No hay individualización de responsabilidades; por tal consideración, el gobernador Rocha Moya afirma que no van por él, sino por todos, al igual que la presidenta Sheinbaum sostiene que si entrega a Rocha vendrán por más y más. El tema no es una persona ni un grupo o partido: es un régimen político.

El problema que enfrenta el régimen carece de solución porque la acción que existencialmente le amenaza viene del exterior, no del país. La presidenta Sheinbaum puede resistir; el país no. Además, la confrontación extrema tiene sus límites. En todo caso, la pregunta no es si el gobierno de México resistirá la embestida judicial de Estados Unidos, sino las consecuencias del enfrentamiento y, particularmente, la crisis que deviene justamente por la destrucción de la red institucional que daría cauce a una fractura de la estructura de poder.