Reforma Judicial en Coahuila, ¿tiene ‘truco’?

La reforma judicial, que ha sido impulsada desde el Gobierno de la República, implica que los jueces y magistrados que ejercen en los estados del país también sean electos por voto popular. Que ello ocurra, sin embargo, implica que la legislación de las entidades federativas sea homologada con la federal.

En Coahuila, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, hace unos días, una iniciativa de reformas a la Constitución local, con el propósito de concretar dicha homologación y, con ello, dar paso al establecimiento de las reglas mediante las cuales se llevará a cabo la selección de los juzgadores locales mediante el sufragio universal.

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Sin embargo, al decir de especialistas locales en Derecho, el sentido de la reforma constitucional federal ha sido “matizado” a nivel local introduciendo una regla que limitaría la posibilidad de que cualquier abogado pueda participar en el proceso de selección.

Esto es así porque, de acuerdo con las reglas que se están planteando en Coahuila, uno de los requisitos que se exigiría es una “certificación de perfil judicial idóneo”, el cual otorgaría ventaja a quienes han laborado previamente en el Poder Judicial de la entidad.

“En Coahuila se dice que el Poder Judicial es quien va a validar (la idoneidad de los aspirantes) y eso nos pone en desventaja a los abogados litigantes, a los que no hemos trabajado en el Poder Judicial”, ha dicho al respecto Xavier Eugenio Laureano Valdez, presidente del Foro de Abogados de Saltillo.

Sobre el particular, el abogado Gerardo Pérez Pérez ha señalado que a nivel local “se incluyen requisitos que la Constitución no fijó”, lo cual abre la posibilidad a que se interpongan recursos en contra del establecimiento de limitaciones que pudieran considerarse indebidas.

Las objeciones planteadas a nivel local abren el debate en al menos dos frentes:

El primero de ellos tiene que ver con la cuestión de si las reglas federales deben ser reproducidas de forma milimétrica en la legislación local al momento de diseñar el marco legal local para la selección de jueces estatales, o si existe margen para los matices.

El segundo tiene que ver con la discusión relativa a si la reforma judicial impulsada a nivel federal realmente es una que “garantiza” el arribo de mejores perfiles a los puestos de juzgador, particularmente en lo que respecta a la experiencia que, se ha dicho, es necesaria para ejercer dicho cargo.

No es sencillo fijar posición en torno a tales dilemas, sobre todo porque el diseño legal de las instituciones, en un régimen democrático, tiene un fuerte componente político y responde sin duda a los momentos coyunturales que se registran en cada demarcación.

La controversia, por lo pronto, ha sido ya establecida. Faltará ver si de ella surge un conflicto legal en forma y si los legisladores, quienes no han dicho aún la última palabra en torno a las reglas que se plantean a nivel local, deciden escuchar las objeciones planteadas.