Reforma judicial: las señales de riesgo que no se quieren ver

Uno de los grandes temas que ha protagonizado la agenda pública de los últimos días es la reforma al Poder Judicial que impulsa el Gobierno Federal; lo que comenzó como un llamado a la prudencia por parte del personal judicial, ha escalado hasta convertirse en un problema de política exterior con nuestros principales socios comerciales.

Desde un inicio, esta enmienda impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha sido cuestionada por los integrantes del servicio público judicial.

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Las advertencias sobre los riesgos que implican cambios tan drásticos, como la votación popular para definir autoridades judiciales, fueron desoídas por el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación.

Como se ha mencionado en distintos casos en los que la especialización es central para tomar decisiones, esta reforma ha sido impulsada por los políticos, pero no consultada con los expertos.

La forma en que ha ido avanzando la reforma se centra más en impulsos políticos que en criterios técnicos. Los políticos han priorizado su discurso sin considerar los argumentos que los expertos han planteado.

Sin lugar a dudas, muchas −por no decir que todas− instituciones públicas del sistema mexicano son perfectibles y requieren reformas para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, cada una de las propuestas debe priorizar el expertise, de quienes conocen a fondo cada institución, por encima de los intereses políticos.

Y en aras de privilegiar el discurso político, México ha caído en un conflicto diplomático con sus principales socios comerciales.

Estados Unidos y Canadá han planteado sus dudas, como también lo han hecho múltiples sectores de la sociedad mexicana, sobre el impacto que tendría esta enmienda. Sin embargo, la respuesta del Gobierno Federal ha distado de ser óptima. En un discurso, más cercano a la línea presentada en la década de los setenta que en el mundo globalizado de la tercera década del siglo 21, las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá se han desestimado al ser consideradas simples violaciones a la soberanía.

¿Una reforma judicial, como la planteada por la 4T, se debe privilegiar por encima de arriesgar intereses comerciales y políticos con nuestros dos principales socios?

La respuesta debe ser no. Sin embargo, como se ha caracterizado el actual sexenio, las voces discordantes a la línea discursiva oficial son desestimadas por argumentos simplistas que no exploran los fondos de las dudas planteadas.

México no debe generarse un problema de esta índole poniendo en riesgo el T-MEC, al caer en supuestas violaciones a las reglas establecidas, por una reforma que tiene más visos político-electorales que técnicos y cero interés genuino de mejorar el sistema de justicia.

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Valdría la pena invitar de nuevo a la prudencia y a la cordura para escuchar voces discordantes y hacer política (en su más puro significado) que genere una reforma de gran calado y mejore un sistema de justicia que actualmente tiene muchas falencias, pero sin arriesgar que éste empeore y, por ende, abra la puerta a un deterioro mayor del Estado de derecho en el país.

Esperemos que en las últimas semanas, el actual Gobierno Federal no herede una crisis política-judicial-diplomática que genere un escenario de caos ante el arranque de un nuevo gobierno.

Que la reforma judicial no se convierta en el “error de septiembre” que asuma el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum.