En tiempos de Juárez la Constitución Federal de 1857 estableció, en sus artículos 91 y 92, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia serían designados por votación, mediante elección popular indirecta en primer grado, en los términos que dispusiera la ley electoral. El procedimiento resultó un sonoro fracaso, de manera tal que los constituyentes de 1917 le dieron marcha atrás y cambiaron el modelo.
Muchos años después, en 1931, el reconocido tratadista Miguel Lanz Duret en su libro Derecho Constitucional Mexicano profundizó en el estudio de la mencionada forma de designación de ministros de la Corte y concluyó que fueron “nulos sus resultados” porque –dijo– “nada es menos propio del sufragio del pueblo que la designación de funcionarios no políticos sino técnicos”.
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Previamente, en 1913, el eminente constitucionalista Emilio Rabasa en su célebre obra “La Constitución y la Dictadura” escribió sobre el punto lo siguiente: “nuestro atraso es lastimoso. En ninguna nación de Europa se eligen democráticamente los Magistrados”. Y agregó, con ironía: “Sólo están con nosotros Guatemala y Honduras en todo el mundo civilizado, y no podemos lisonjearnos de que tal compañía justifique nuestro sistema” de designación de los integrantes de la Corte por voto popular, como establecía la Constitución mexicana de 1857.
Bueno, pues en su iniciativa de modificaciones a la Constitución, presentada a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero, en lo que llama la reforma al Poder Judicial, López Obrador está proponiendo la designación por voto popular no sólo de los ministros de la Corte, sino también de los magistrados de circuito, de los jueces de distrito y hasta de los magistrados electorales del TEPJF.
Como argumento de derecho comparado en apoyo a su propuesta, además de los jueces locales que en varios estados de la Unión Americana se eligen por voto popular, que en realidad no es argumento por no ser casos comparables, López Obrador nada más encontró ¡a Bolivia! Sí, únicamente a este país, como en 1913 Rabasa sólo encontró a Guatemala y a Honduras, de cuya compañía –dijo– “no podíamos lisonjearnos”. No se trata, por supuesto, de menospreciar a esa nación hermana de Sudamérica, no, sino de hacer notar que adoptó tal procedimiento a iniciativa de un demagogo y populista como Evo Morales, lo cual dice todo. Por ahí vayan viendo en qué tipo de modelo se inspiró AMLO.
En la extensa exposición de motivos de su iniciativa, López Obrador dedica tres párrafos a explicar el caso de Bolivia. En el primero dice que en 2011 fue cuando este país realizó la primera elección de magistrados de su Tribunal Constitucional por voto popular, sistema “novedoso (que) dista mucho de los esquemas tradicionales... que no necesariamente han logrado garantizar legitimidad, independencia y excelencia”. Nomás le faltó decir “como la legitimidad, independencia y excelencia” que ganó ese Tribunal cuando en clara infracción a la Constitución boliviana, en abierta violación a su letra y espíritu, autorizó a Evo Morales una segunda reelección prohibida expresamente por la Ley Fundamental de Bolivia.
En el segundo párrafo, AMLO da cuenta de que en 2017 se celebraron las segundas elecciones de ese Tribunal y que en el curso de los seis años que mediaron entre unos y otros comicios judiciales “surgieron diversas propuestas para modificar este mecanismo”. Pero se abstiene de decir que en realidad ha resultado un tremendo fracaso, como lo prueba el hecho de que el 66 por ciento de los ciudadanos que fueron a sufragar, mejor prefirieron anular su voto.
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En el tercer párrafo, AMLO afirma que con la elección por voto popular de los magistrados bolivianos se propone “fortalecer la democracia y el Estado de derecho, al crear una jurisdicción constitucional con independencia real y efectiva, en la que queda de manifiesto que las autoridades que rigen un país cuentan con el aval de la mayoría de la población, signo inequívoco de la sabiduría popular”. Falso, pues como ya se dijo, dos de cada tres votantes bolivianos prefirieron anular o dejar en blanco su boleta que decidir de manera irresponsable. Pero además, López Obrador oculta decir que el sistema ha sido tan inoperante que no se han podido lleva a cabo las terceras elecciones judiciales ni se tiene la fecha de cuándo se vayan a realizar; amén de que los jueces de ese país tienen un comportamiento ostensiblemente servil y obsequioso al partido en turno en el gobierno.
México no merece ser un segundo conejillo de Indias de este experimento, cuando se tiene a la vista el claro fracaso y lo inviable del ensayo puesto en práctica en el sufrido país hermano de Bolivia.
